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La Audiencia Provincial de Tarragona ha ordenado repetir la sentencia contra el alcalde de Les Borges del Camp, Joaquim Calatayud, por un delito contra el medio ambiente. El Ayuntamiento, presuntamente, vertía las aguas residuales directamente a la riera ya que no disponía de una depuradora. El Juzgado de lo Penal 1 de Reus lo absolvió del delito. El fiscal presentó un recurso de apelación y ahora la Audiencia insta al juez a volver a redactar adecuadamente la sentencia.
La sentencia inicial del Juzgado de lo Penal apuntaba que el 14 de septiembre de 2009 se recogieron cuatro muestras correspondientes a los puntos de registro de los colectores que conducían las aguas del alcantarillado de la red municipal de aguas del municipio de Les Borges hasta el punto de vertido en la riera de Alforja. Dichas muestras fueron analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Los resultados apuntaban a la presencia de microorganismos fecales y también al agotamiento de oxígeno disuelto en agua, «impidiendo el desarrollo de la vida acuática y limitando el uso de aguas abajo». Asimismo, las concentraciones de amonio impedían el desarrollo de la vida acuática, permitiendo un aumento de la concentración de nitratos por oxigenación natural del amonio, favoreciendo la eutrofización de aguas abajo y la contaminación de acuíferos en caso de infiltración.
El 25 de septiembre se recogieron muestras en una mina, situada a unos 600 metros aguas abajo del punto del vertido. Las aguas de dicha mina floran a unos 1.200 metros aguas abajo del punto de vertido de las aguas residuales. En este caso también había presencia de contaminación fecal.
La sentencia inicial
La sentencia, ahora anulada, indicaba que el Ayuntamiento de Les Borges del Camp vierte directamente las aguas residuales de su red de alcantarillado, procedentes del polígono industrial Les Borges I-II –integrado en el tejido urbano– a la riera de Alforja de forma directa y continua, sin estar sometidas a proceso de depuración o tratamiento de saneamiento previo.
El 18 y 23 de enero de 2008, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realizó dos actuaciones inspectoras, recogiendo y analizando muestras de la riera y de tres minas. La conclusión fue la existencia de contaminación microbiológica procedente de la infiltración de aguas residuales. Advertía que el uso de dichas aguas captadas de las minas debería ser exclusivamente agrícola y requería al Ayuntamiento para que revisara los puntos de vertido de aguas residuales. Pero a pesar de todo, el ACA no abrió ningún expediente sancionador al Ayuntamiento ni efectuó ningún seguimiento.
El 23 de junio de 2006, el Ayuntamiento y el Consell Comarcal firmaron un convenio de colaboración para delegar, a favor de la comarca, la gestión de los servicios que integran el ciclo integral del agua, a través de la empresa Secomsa Aigües SL.
