La Defensora del Pueblo denuncia al Ayuntamiento de Reus por no contestarle un caso en un año

Ha trasladado a Fiscalía la ‘actitud entorpedecedora’ del consistorio reusense por una queja sobre la retirada de un coche por la grúa que se presentó el 16 de junio de 2016

21 junio 2017 17:10 | Actualizado a 31 enero 2018 16:25
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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la «actitud entorpecedora» de 19 ayuntamientos de toda España, entre ellos el de Reus. Según confirmaron al Diari ayer fuentes del Defensor del Pueblo, el caso de Reus se debe a que esta institución se dirigió al consistorio reusense por la queja de un vecino al que la grúa municipal le habían retirado el coche. Este expediente, que fue enviado por la Defensora del Pueblo el 16 de junio de 2016 al Ayuntamiento de Reus, todavía a día de hoy  no ha recibido respuesta.

La Defensora del Pueblo recordaba ayer que «detrás de cada queja hay una persona que tiene derechos y que debe obtener una respuesta». Esta institución considera «administración entorpecedora» a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos hasta en tres ocasiones y recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y remitirle la información solicitada.  

Por ley

En caso de no colaborar, la Defensora puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución, tal y como ha hecho ahora con 19 ayuntamientos de toda España y con el Colegio de Abogados de Guipúzcoa
Entre los casos, además del de Reus, destacan algunos como del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) por no responder a un ciudadano en 404 días; el de Vejer de la Frontera (Cádiz) por la ausencia de respuesta en 342 días sobre el acceso de animales a espacios públicos, y el de Mojácar (Almería) por no modificar días las condiciones de contratación de los apartados postales solicitada por el Defensor hace en 212 días.

Se incluyen también como administraciones «entorpecedoras» el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), que no ha respondido ante un desacuerdo relativo con un expediente sancionador de tráfico (392 días); el de Cudillero (Asturias) por no restablecer el suministro de agua a una finca (502 días); o el de Gozón (Asturias) que no ha contestado sobre la implantación de una zona de parking regulado en 370 días

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