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La acusación popular pide hasta 30 años para Pérez y Prat por Innova

Solicita penas para los ocho imputados y les acusa de diseñar una 'organización criminal'. Ara Reus exige de 10 a 16 años de prisión pero pide el retorno de los 900.000 euros malversados
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La pieza número 2 de la macrocausa Innova cuenta con ocho personas imputadas.  Foto: A.M/DT

La pieza número 2 de la macrocausa Innova cuenta con ocho personas imputadas. Foto: A.M/DT

La CUP y Ara Reus presentaron ayer los escritos de acusación referentes a la pieza número 2 del caso Innova, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación del arquitecto Jorge Batesteza como asesor de las obras de construcción del nuevos Hospital de Reus. La CUP, como acusación popular, pide un total de 30 años de prisión para el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el exdirector general de Innova, Josep Prat, y para cada una de las otras seis personas imputadas en esta pieza de la macrocausa. También solicita la máxima pena prevista en el Código Penal a todos los imputados por tratarse de «delitos graves y continuados».

Y es que al contundente auto del juez –que imputa seis delitos a los ocho imputados–, los cupaires añaden los delitos de omisión de persecución al delito de los cargos electos o trabajadores públicos y como «miembros de una organización criminal». Así pues, piden un total de 53 años de inhabilitación, 30 años de prisión, y una multa de 146.000 euros para cada uno de los imputados, explicaron ayer al Diari fuentes del partido.

Por su parte, Ara Reus acusa al exalcalde Pérez, a Prat y al arquitecto Batesteza los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración, blanqueo de capitales y falsedad documental. Para los tres, el grupo municipal –en caso de demostrarse su culpabilidad– solicita penas de 16 años de prisión. Por el resto de trabajadores municipales y empleados pide penas de entre 10 a 12 años de prisión. El portavoz de Ara Reus, Jordi Cervera, recordaba que la formación se retiraría «inmediatamente» como acusación popular si los encausados devuelven los 900.000€ que habrían sido malversados. Ara Reus siempre ha mantenido que el dinero de Innova era público.

En este sentido, en el auto del pasado mes de julio, el magistrado del Juzgado de instrucción número 3 de Reus consideraba acreditado que el grupo de empresas municipales, a pesar de ser una sociedad mercantil, estaba sujeta al derecho administrativo porque gestiona «dinero ciento por ciento públicos». El juez reiteraba que se hizo un «control grosero» del dinero y mantenía las imputaciones al exalcalde, al cual impuso además una fianza de 1,5 millones de euros, al arquitecto Batesteza y a su mujer, Silvia Barberà.El resto de imputados en este pieza son: la exdirectora económica y financiera de Innova, Ester Ventura; la exsecretaria y asesora jurídica del holding municipal, Natàlia Torrell; el exdirector de Obras y Proyectos de Innova, José Vicente Gómez Rebollo y el representante de la UTE Euroconsult Catalunya S.A., Sergi Luqui.

A todos ellos, el magistrado les imputa los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con las obras del nuevo Hospital de Sant Joan.

Pagos sin justificar

Según el juez, un «núcleo duro» formado por Pérez, Prat, Ventura y Torrell hizo gestiones para contratar a Batesteza pocos días después de que dejara su cargo de director de infraestructuras en el CatSalut. Batesteza cobró 357.000€ de Innova para supervisar las obras del nuevo Hospital de Reus, pero en una «esquizofrenia contractual», reseña el juez, también cobró por el mismo concepto a cargo de la empresa Euroconsulting.

En esta otra sociedad estaba contratado como responsable de proyectos y cobró 186.000€ más «para supervisarse a si mismo», concluye el juez. Batesteza, según el contrato redactado por Torrell y autorizado por Prat y Pérez, tenía que presentar informes mensuales de los trabajos, pero sólo constan cuatro y tickets de autopista. Sin embargo, Ventura autorizó el pago de 43 facturas y casi 9.000€ por dietas al arquitecto, relata el acto del juez.

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