La basura, arma política y batalla ideológica

El debate sobre la remunicipalización de servicios públicos no ha parado de crecer en los últimos tiempos por toda Europa, sustentado por las tesis que reivindican la eficacia de la gestión pública frente a los modos y maneras de la privada. Un planteamiento que implica todo un vuelco respecto al criterio dominante en los años precedentes, según el cual las administraciones públicas debían externalizar los servicios públicos y limitarse a garantizar su prestación y el acceso de la ciudadanía, además de invertir en las infraestructuras y cobrar a los usuarios.

En Reus, esta controversia estaba matizada porque la externalización se había practicado en grado máximo, pero no hacia empresas privadas sino con sociedades anónimas municipales, excepción hecha de la limpieza viaria y la recogida de basuras, históricamente contratada con FCC. 

Este contrato de la basura se ha convertido en protagonista de un enconado enfrentamiento desde que la CUP apostase por municipalizar el servicio cuando venció la concesión. La bronca durante  el pleno del pasado jueves entre sus concejales y los trabajadores de FCC ha sido el enésimo episodio. La CUP asegura que internalizar el servicio supondría un ahorro de 1,3 millones de euros en una factura anual cercana a los 12 millones. El equipo de gobierno (PDeCAT, ERC, Ara Reus) sostiene, tras encargar un informe, que la municipalización comportaría un ahorro insuficiente ante las contingencias que debería asumir el ayuntamiento. Por su parte, la mayoría de los trabajadores, representados por el sindicato UGT, ve el asunto como una amenaza para sus empleos. 

La polémica, aquí y en todas partes, arrastra una fuerte carga ideológica, porque nace del cuestionamiento de la eficacia y la rectitud del sector privado como gestor de servicios públicos. La realidad, sin embargo, es menos maniquea y más compleja. Ahora Madrid, por ejemplo, se presentó a las elecciones con la promesa de remunicipalizar el servicio de basuras, pero la alcaldesa Carmena optó finalmente por volver a licitar los contratos, que se han adjudicado una larga lista de empresas, entre ellas todas las grandes constructoras. En su decisión tuvo mucho peso el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. 

Pero sería un error simplificar  las posturas de los ayuntamientos en base a izquierdas y derechas. León, gobernada por el PP, remunicipalizó el servicio mediante la subrogación de 224 empleados, que pasaron a formar parte de la plantilla del ayuntamiento. La decisión contó con el voto favorable del PSOE. Y en Málaga, el alcalde del PP se ha aliado con los grupos de la izquierda para que la empresa mixta –49% municipal, 51% privada– que gestiona la limpieza pase a ser 100% pública. 

En Catalunya, Sabadell (con pacto de gobierno Crida per Sabadell-CUP, Unitat pel Canvi, ERC, Guanyem) está revisando el contrato tras denunciar incumplimientos de la empresa. En Badalona (Guanyem, ICV, ERC), la concesión también está en la picota porque el consistorio ha denunciado a FCC por fraude... 

las crecientes demandas de remunicipalización vienen a cuestionar la eficacia y la rectitud del sector privado como gestor de servicios públicos  

Mas allá del contexto político de cada ciudad, el debate es más necesario que nunca, especialmente cuando vencen las concesiones, se plantean prórrogas y se reformulan los pliegos de condiciones para nuevos periodos. La discusión requiere de datos contrastables, de argumentos basados en la eficacia y la eficiencia del modelo, y de reflexiones sobre la calidad y la mejora del servicio en todas sus vertientes. 

Por desgracia, en Reus los concejales de la CUP han envilecido y arruinado el debate al aliñarlo con acusaciones de las que no son capaces de aportar pruebas –presentar como prueba una foto del concejal de Medio Ambiente saludando a un responsable de FCC en un acto público es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía–, lo que acaba por desacreditar su propia propuesta.  

 

Los cálculos
Cuestión de costes: generales, laborales e inversiones 
Remunicipalizar –o internalizar, que es el término más apropiado– el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras es una opción cuya rentabilidad económica es compleja de evaluar. Más allá de los costes genéricos, hay que tener en cuenta el incremento de plantilla y de masa salarial que supone para el ayuntamiento –lo que técnicamente se conoce como capítulo uno del presupuesto municipal–, con todas sus implicaciones en cuanto a gestión de recursos humanos. La otra variable clave es la capacidad del consistorio para afrontar las inversiones necesarias en maquinaria e infraestructuras, lo que está en función de su situación económica y financiera, y la del Ayuntamiento de Reus no es de las más boyantes. En este sentido, el gobierno municipal de Reus explicó en su día que el ahorro generado por la municipalización resultaba ficticio si se contabilizaban todas las implicaciones en el pago del IVA y los costes laborales añadidos al tener que aplicarse la jornada laboral fijada en el convenio de los empleados municipales, que trabajan menos horas que los asalariados de la empresa FCC que realizan el servicio.
Más allá de la controversia sobre las cifras resultantes, la internalización también plantea problemas jurídcos en cuanto a la aplicación de una hipotética sucesión de empresas y la consiguiente subrogación de la plantilla. Cabe recordar que, según el Estatuto de los Trabajadores, el titular del servicio recuperado se subrogaría las condiciones laborales del concesionario, lo que significa que los trabajadores pasarían a engrosar la nómina de la administración pública municipal como indefinidos no fijos, y que para entrar de manera definitiva en el ayuntamiento deberían superar los procedimientos de ingreso mediante concurso u oposición. No obstante, la subrogación podría verse limitada si el Ayuntamiento ya cuenta con personal dedicado a este tipo de trabajos.