La «falta de personal» en Correos de Reus afecta más a los barrios periféricos y pueblos

Pequeños municipios del Priorat, como Torroja o Porrera, llevan tiempo con un servicio de Correos que perciben como «precario». «Los carteros son temporales, provienen de una bolsa de empleo, trabajan un mes y cambian... Repartir en un pueblo pequeño es complejo, es necesario conocer bien a los vecinos y las casas para encontrar al destinatario», explica el alcalde de Torroja, Joan Sentís. El pasado mes de mayo se puso en contacto en varias ocasiones con Correos para reclamar una solución tras enterarse de que desde el 1 de mayo el municipio no tenía cartero. El servicio de reparto siguió funcionando, ya que lo asumieron otros carteros de la Oficina Mixta de Falset, «pero venían dos o tres veces por semana y había quejas entre los vecinos. Ahora, desde el 1 de junio, volvemos a tener cartero, pero también temporal», expone.

Sentís admite que a nivel municipal «tenemos por delante un importante trabajo de mejora, como que los nombres que hay en los buzones estén actualizados, pero con la rotación tan elevada de carteros, nos encontramos que, a la que el empleado empieza ya a estar ‘enseñado’, van y lo cambian. Y a volver a empezar de cero...».

Algo parecido sucede en los barrios más periféricos de Reus. «De las zonas del centro se encargan carteros en plantilla. En cuanto al resto, somos interinos», comenta un trabajador que se encuentra en esta situación. Señala que proceden de una bolsa de trabajo: «Correos nos llama cuando lo necesitan, trabajas uno o dos meses y vuelves a entrar en la bolsa». Así pues, la destinación de estos empleados cambia con mucha frecuencia, «recorriendo toda la provincia» y el periodo entre un contrato y el siguiente puede variar: «Por suerte, en mi caso, he ido enlazando, pero sí que puede darse el caso que estés un tiempo sin que te llamen».

En esta línea, Rubén Masmano, miembro del Comité de Huelga convocada el pasado 20 de mayo en Reus, denuncia que la mitad de la plantilla es interina, procedente de dicha bolsa de trabajo, «mientras que antes la temporalidad no era tan excesiva». Este perfil interino se ha instaurado sobre todo, como comentan los propios empleados, en barrios periféricos y pequeños municipios.

Todo ello se suma a los «puestos de trabajo amortizados» en los últimos 10 años, según denunciaba CGT durante la jornada de huelga que protagonizaron empleados de Correos en Reus el pasado 20 mayo. Más concretamente, se trataría de 15.000 puestos de trabajo a nivel estatal, lo que afectaría a la calidad del servicio, según denuncian. A nivel local cuentan que, además, se han eliminado zonas de reparto, integrándose a otras zonas, por lo que el área a cubrir por cada cartero es cada vez mayor, según denuncian. Así, en Reus, en los últimos años, los barrios han pasado de 58 a los actuales 50, después de la reciente supresión de cuatro barrios que se sumaba a una anterior reordenación.

Masmano admite que a raíz de esta situación, hay zonas que «quedan más descuidadas». Pone como ejemplo que se ha encontrado con casos de vecinos que han recibido citaciones judiciales pasado ya el juicio «y se han tenido que enterar por el abogado, pero no por la citación».

Las cartas son algo cada vez más residual y, de hecho, desde las asociaciones vecinales de Reus consultadas dicen que no les constan quejas vecinales en este sentido. No obstante, Masmano recuerda que notificaciones administrativas se siguen realizando a través de este sistema y que un retraso puede tener consecuencias para el ciudadano. Es por ello que los empleados denuncian que «los recortes impiden prestar correctamente el Servicio Postal Universal (SPU), así como el procedimiento de notificaciones administrativas, que se ve gravemente afectado en el retraso y en las formas de entrega del aviso de la correspondencia». Así pues, se considera que se está «infringiendo sistemáticamente la Ley del SPU». Ante las acusaciones, Correos, por su lado, afirma que «garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación».

Hay otra cuestión que los trabajadores de Correos de Reus también ponen sobre la mesa: recibirían instrucciones de que la paquetería es prioritaria «y esto es privatizar... No se puede dar prioridad a los paquetes de empresas privadas», subrayan los trabajadores, a lo que Correos responde que son «una empresa 100% pública, propiedad del Estado (...) y que lo seguirá siendo». Asimismo, la empresa asegura que «no hay un trasvase de actividad a Correos Express» y que la colaboración de Correos con sus filiales «está dentro de las habituales sinergias generadas por la actividad y están delimitadas en la normativa aplicable al Grupo Correos».

A nivel sindical, los empleados no descartan futuras acciones, aunque todavía por determinar.