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Ya han pasado doce días del desahucio en el número 21 de la calle Raseta de Sales de Reus. Los mismos que hace que la familia vive en una pensión, recurso que Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus ofreció como solución de urgencia para proporcionar un techo a Charazhar Chaouki, su marido Mohamed y sus tres hijos menores de edad.
Este alojamiento temporal se había pactado para una semana. La familia, sin embargo, sigue sin casa en la que poder empezar de nuevo. Ahora el Ayuntamiento de Reus les ha ampliado la estancia por un período aún por determinar y también aseguran que, desde Servicios Sociales, se les está acompañando para encontrarles cuanto antes un alojamiento, más allá de aconsejarlos en los trámites para lograr las ayudas económicas necesarias para pagar el alquiler.
Sandra Casanova, portavoz de la Plataforma d’Afectats Per la Hipotèca (PAH) Reus - Baix Camp, explica que la situación sigue estancada: «Sabíamos que pasar una semana en la pensión no iba a solucionar el problema. La familia sigue buscando la vivienda igual que hace dos años». La portavoz de la PAH considera que esta solución «es un parche del Ayuntamiento, ya que la alternativa habitacional de la familia todavía no la tienen» y, asegura, que «la familia seguirá en la pensión hasta que encuentren una vivienda digna». Casanova apela al consistorio añadiendo que, si la institución ofrece una vivienda digna a la familia, ellos estarán dispuesto a pagar un alquiler social asequible según sus ingresos.
«Es un caso distinto porque se trata de una familia con recursos como para poder pagar y Servicios Sociales les está ofreciendo un trabajo de acompañamiento para buscar una solución», apuntan desde el Ayuntamiento.
10.000 euros
Los reusenses llevaban viviendo en el piso 12 años y dejaron de pagar el alquiler porque la propietaria se negó a arreglar los desperfectos del inmueble: humedad, goteras y baldosas en mal estado. Condiciones que, según Casanova, portavoz de la PAH, «eran peligrosas». Además Mohamed, estuvo una temporada con la baja laboral. Durante este período se hizo un acuerdo tácito con la arrendataria para pagar una parte menor del alquiler. Al año, cuando la familia dejó de pagar, la arrendataria los demandó y les reclamó 10.000 euros.
Chaouki, la madre de la familia, aseguraba que la dueña del piso cogía el dinero en mano y que no quería cobrar a través de operaciones bancarias: «No me dejaba el recibo. Yo confié en ella. Ahora cuando me ha denunciado ha querido sumar un cúmulo de cosas. Si tuviera 10.000 euros, me compraría un piso».
