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El caso Tecnoparc se juzgará sin jurado popular, según informaba ayer la agencia EFE de fuentes judiciales. Esto es así porque el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus ya cerró la instrucción de la causa que investiga las facturas que cobraron el exconsejero y exconcejal de Urbanisme por ERC, Jordi Bergadà, y el expresidente de la empresa de capital mixto, Àngel Cunillera.
La juez considera que «no hay duda» que puede ser un delito de falsedad en documento mercantil porque «existen unas facturas firmadas por trabajos no justificados». También puede ser «un delito societario, de un delito de estafa o incluso de un delito de malversación de caudales públicos».
El Fiscal ya había pedido que el juicio oral se celebrara con jurado popular, pero ahora la magistrada ha replicado que se trata de «delitos tan interrelacionados que no pueden juzgarse de forma diferente sin romper la continencia de la causa», y lo deniega.Su intención es que el caso sea juzgado por un tribunal profesional. La decisión no es firme y, por lo tanto, se puede recurrir.
La causa relacionado con Tecnoparc Reus SA surge por las facturas que, supuestamente, cobraron de forma fraudulenta Cunillera y Bergadà. El primero de ellos cobró entre 2008 y 2009 un montante total de 80.500€ (más IVA) por «prestación de servicios de asesoría técnica especializada en el ámbito financiero y de inversiones societarias». Por su parte, Bergadà percibió 33.600€ (más IVA) como «honorarios profesionales por colaboración y asesoramiento técnico».
Los pagos fueron autorizados por el propio Cunillera, el exconcejal del PSC, Josep Morató,– a quien la juez dictó el sobreseimiento de su caso– y el empresario Ramón Urgellès sin que el resto del consejo de administración de la sociedad tuvieran conocimiento de ello. Subrayar que los estatutos que regían a Tecnoparc Reus SA dejaban claro que los cargos directivos de la empresa no podían tener un sueldo.
Las acusaciones
El proceso contra la anterior cúpula directiva de Tecnoparc lo inició AraReus – ahora socio de gobierno de CiU y ERC– denunciando que Cuniller y Bergadà cobraron, presuntamente de forma irregular, facturas que no acreditarían trabajo alguno. El partido liderado por Jordi Cervera solicitó en su escrito de acusación penas de 27 años de prisión para los cuatro investigados por presuntos delitos sociatarios, de malversación de caudales públicos y falsificación. Además, también pide la inhabilitación de Cunillera y Bergadà y que se devuelvan los 115.000€ que cobraron. Los otros dos acusados son Urgellès, como exrepresentante del accionariado privado de la empresa, y el exgerente Xavier Gómez por permitir que se cobraran las facturas sin el consentimiento del consejo de administración.
El Ayuntamiento también presentó en su día escrito de acusación contra los cuatro exmiembros de la empresa reclamando responsabilidades civiles ya que su intención es recuperar las cantidades cobradas por Cunillera y Bergadà.
Por otra parte, destacar que durante el proceso de instrucción del caso declararon todos los ex miembros del consejo de administración de Tecnoparc Reus SA y que uno de ellos, Ernest París, resumió a la salida de los juzgados que «todos teníamos la función de un florero».
