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Los protocolos contra la pobreza energética no están claros. No lo estaban antes del fatal incendio de la calle Santa Anna, y tampoco lo están ahora. La muerte de la anciana Rosa en un fuego provocado por una vela cuando tenía la luz cortada puso sobre la mesa el debate sobre los mecanismos que siguen administraciones y las compañías suministradoras para tratar de ayudar a las personas con menos recursos. Pero ya han pasado dos meses y no ha cambiado casi nada. El modus operandi sigue siendo el mismo.
La Generalitat tiene una ley en vigor que dicta que las compañías deben informar a los servicios sociales antes de cortar suministros por impago, para evitar dejar sin agua o sin luz a personas en situación de vulnerabilidad. Pero no ha desarrollado el reglamento para aclarar cómo proceder. Y podría seguir así todavía mucho tiempo, ante el riesgo de que también sea bloqueada por elTribunal Constitucional, a instancias del Gobierno, en el momento que se intente normativizar su aplicación.
Buena prueba de ello es que el pasado mes de diciembre el protocolo establecido por la Agència Catalana de Consum fue suspendido cautelarmente por un juzgado tras un recurso de Endesa. Los convenios entre compañías y administraciones son, hoy por hoy, los únicos mecanismos establecidos. Así las cosas, los técnicos de servicios sociales hacen lo que pueden a partir de la información que reciben por parte de las compañías. Pero estos servicios están desbordades desde hace años.
Las compañías también intentan convivir con este panorama. Justo después de la muerte de la anciana, Gas Natural ordenó revisar todos los procedimientos de corte de suministro previstos en Reus. No eliminó los cortes, como algunos medios publicaron en su día, sino que los revisó uno a uno. Luego han seguido los procedimientos habituales, como también los contactos con los técnicos de servicios sociales.
La concejal de Serveis Socials, Montserrat Vilella, considera imprescindible «que todas las partes implicadas nos sentemos para buscar soluciones factibles». Lamenta que después la muerte de Rosa, las compañías suministradoras actúan de la misma manera que antes. «Los mismos que comunicaban los cortes siguen haciéndolo; y los que no, no», apunta. Y es aquí donde sitúa a Gas Natural. Vilella insiste en que, para que el engranaje funcione, es necesario que las cuatro partes –Ayuntamiento, Generalitat, compañías y Estado– estén equilibradas. «Es el Estado quien tiene poder para sentar a las empresas», insiste.
A día de hoy hay nada claro. Y tan incierto es el protocolo de actuación, que el día después del incendio ocurrió algo tan insólito como que salió a dar explicaciones sobre el caso una compañía que resultó no ser la que había cortado la luz a la víctima.
Incremento de partida
El Ayuntamiento de Reus, por su parte, cerró el 2016 con la aprobación de un decreto de la concejal de Serveis Socials, Montserrat Vilella, para incrementar en 40.000 euros la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de las subvenciones que buscan contribuir a evitar situaciones de pobreza energética. Fue en las fechas inmediatamente posteriores al incendio de la calle Santa Anna. Pero el consistorio asegura que era un aumento ya previsto con anterioridad, y contemplado en su estimación de cifras para finales de año. Según explica Vilella, se trata de un cambio de partida siguiendo un procedimiento habitual. Pero, al margen de que sea un aumento ya planificado, lo que sí que está claro es que las subvenciones para los suministros, en Reus, se dispararon durante 2016.
Si en 2015 se atendieron a 2.354 beneficiaros con una aportación de 304.157 euros (194.000 para el suministro del agua, 92.805 para la luz y 17.351 para el gas), la partida prevista en el cierre de 2016 –a falta de conocerse la liquidación– se disparó hasta 468.771 euros. De este importe total, 232.260€ se destinarán a la luz y al gas; y 236.511 € al agua, según los datos de los Serveis Socials Municipals.
Las cifras incluyen tanto subvenciones como bonificaciones y ayudas individuales y muestran el trabajo de un departamento que, a menudo, se ve desbordado. «El gas y la electricidad han vuelto a subir y las dificultades de las familias solo aumentan», afirma Vilella, que considera «muy urgente» que se cree un bono social que realmente ayude a las familias.
