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La oposición considera que el nuevo contrato de la basura es «insuficiente». Aun así, no creen que haya habido irregularidades en el proceso de adjudicación tal y como apuntaba el informe que UGT entregó la semana pasada a todos los grupos municipales. Tanto el PSC, como la CUP o Cs votarán en contra de la adjudiación del contrato a Valoriza-Romero en el pleno de este lunes.
El portavoz del PSC de Reus, Andreu Martín, considera que algunas de las bajas económicas de la empresa Valoriza-Romero, no está lo suficientemente justificadas y temen que esto pueda perjudicar la calidad del servicio.
A raíz de esta formulación a la baja, Martín lamenta que en la propuesta actual no se hayan incluido educadores ambientales o que «no se destine ninguna partida para campañas de recogida selectiva». Además, también considera que es probable que no haya suficientes recursos para incrementar el porcentaje de reciclaje en la ciudad.
En este sentido, desde la CUP ponen de manifiesto que la nueva licitación tan solo contempla un aumento del 2% de la recogida selectiva de forma anual durante 10 años. Marta Llorens, portavoz de la formación alerta que no se cumplirán los baremos que marca la Unión Europea. «En 2030 nos colocaremos en un 52,4% de la recogida selectiva y nos faltarán 8 puntos para llegar al 60% que marca la UE para 2030», dicen. En 2019 Reus recicló un 32,4% de sus residuis, lejos del 50% que marcaba la UE para 2020.
La CUP se mostró crítica con el informe de la UGT. Consideran que el sindicato debería haber negociado un nuevo convenio con la empresa actual para conseguir mejoras laborales. Los cupaires también argumentan que la nueva empresa está obligada por ley a mantener los mismos trabajadores que había hasta el momento.
La CUP señala que la única alternativa para dar respuesta a mejoras laborales es la internalización del servicio y porque el Ayuntamiento aseguran que se ahorraría 1,3 millones anuales. Para la CUP se trata de una licitación «continuista, de mínimos» y con «poco margen de mejora de los servicios». Lamentan que en la actual contrata no haya presupuesto para hacer campañas pedagógicas en términos de sostenibilidad y recogida selectiva. Finalmente Llorens, critica que este lunes se apruebe la renovación del Pla Local de Prevenció de Residus 2021-2026 cuando la contrata para los próximos 10 años ya está hecha.
Por su parte Cs, señala que el problema «estriba en que es una licitación de contrato a diez años y lógicamente dentro de diez años las percepciones que deberán recibir los trabajadores no son las mismas sino que lo lógico es que se vayan incrementando (...) Y si a la empresa no le queda beneficio o tiene un margen muy pequeño, los que salen perjudicados son los trabajadores», dice su portavoz, Débora Garcia. El grupo naranja expone que si una de las empresas obtiene una mayor puntuación técnica y al final se adjudica el contrato a la que ofrece el precio más barato «irá en prejuicio de la calidad del servicio».
