La reforma fiscal y el ‘síndrome de las telecos’

Munta i Baixa. Los ambiciosos incentivos para atraer empresas, crear empleo y promover VPO no rebajan la presión al contribuyente común

JOSEP CRUSET

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Josep Cruset

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Antes que nada, permítanme una maldad. Hace justamente 12 meses, la rueda de prensa de presentación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Reus para 2020 se convirtió en una de las noticias del año, porqué el gobierno municipal anunció una subida del 9,75% de las principales tasas e impuestos. La concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, fue la encargada de dar la buena nueva a los contribuyentes reusenses, y lo hizo en la soledad más absoluta. Fue su bautismo de fuego, ya que se había estrenado en el cargo cuatro meses antes. También le correspondió defender la medida en el pleno municipal que la aprobó, donde Caballero volvió a ejercer de Gary Cooper en Solo ante el peligro.

Noemí Llauradó, Carles Pellicer, Daniel Rubio y Mariluz Caballero presentaron la reforma. FOTO: Alfredo González

Esta semana hemos asistido a la presentación de las ordenanzas fiscales para 2021. Más allá de la congelación de tasas e impuestos que ya se había avanzado, la noticia ha sido una reforma fiscal con sustanciosas bonificaciones para las empresas que se implanten en Reus, inviertan en ampliar su capacidad productiva y creen puestos de trabajo estables, y también para fomentar la vivienda de protección oficial. La liturgia para comunicar tan ambiciosa apuesta ha sido bien distinta y esta vez en el estrado de la sala de prensa del Ayuntamiento había overbooking –aunque fuera propiciado por la distancia de seguridad– con el alcalde, la vicealcaldesa, el tercer teniente de alcalde y la concejal de Hacienda sobre la tarima. La gestión de la imagen en la mercadotecnia política provoca estos contrastes.

Doble lectura

El mensaje que todos se esforzaron en proyectar es que el paquete de seis potentes bonificaciones fiscales, entre ellas la reducción del 95% del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), constituye la reforma fiscal más importante en la historia reciente de la ciudad.

Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. Si estamos ante una revisión de la fiscalidad municipal de trascendencia histórica sólo los resultados obtenidos lo dirán. Y si la medida nace con algún hipotético destinatario ya en el punto de mira, lo sabremos más pronto que tarde. En cualquier caso, tiempo al tiempo.

En mi opinión, la valoración de la iniciativa merece una doble lectura. La primera es positiva, porque se trata de un planteamiento ambicioso, que apuesta por el crecimiento y mira al futuro, en un momento donde la emergencia sanitaria y social dificulta levantar la vista más allá de las dificultades e incertidumbres del presente. Y, aunque la salida de la crisis es todavía una entelequia y el reto para la mayoría de empresas está más en la supervivencia que en la expansión, bienvenido sea que los gobernantes trabajen para facilitar y captar futuras inversiones y puestos de trabajo.

Además, en el contexto actual, medidas como las promovidas por el gobierno municipal de Reus tienen algo de oxigenante. Me refiero a que, más allá de las opiniones que merezca la propuesta, siempre es mejor ver a los políticos dedicados a estos menesteres que a la bronca permanente relacionada con la sucesión de crisis y escándalos que nos azotan.

Contribuyentes helados

La segunda lectura es menos complaciente. Cabe recordar que estamos ante estímulos fiscales, no rebajas fiscales. Y que la presión fiscal en Reus ha subido una media del 10% este año y el próximo no va a disminuir para aliviar las calamidades que soporta la ciudadanía en forma de paro, ertes, quebrantos de pymes y autónomos, caída de ingresos... Una congelación que, a tenor de la que está cayendo, dejará helados a los contribuyentes que no forman parte del espectro de posibles beneficiarios de la reforma, que son la mayoría.

El Ayuntamiento asume un riesgo muy medido, porque las bonificaciones no afectarán a la recaudación prevista para 2021 ya que, en caso de producirse, incidirán sobre ingresos nuevos. Y si tuviesen algún impacto, quedaría compensado por el movimiento generado por las inversiones y la creación de empleo.

Pero ese es también el punto débil de la apuesta, porque provoca una sensación de discriminación similar al que sufre el usuario de una empresa de telefonía cuando escucha las generosas ofertas que su compañía lanza para otros. Ventajas y descuentos para atraer a los clientes de la competencia, para los que amplíen el paquete que ya tienen contratado...., pero el abonado que sigue pagando religiosamente por el servicio al que se abonó en su día, lo único que recibe a cambio de su fidelidad es la factura. Y ese síndrome de las telecos acostumbra a mosquear bastante.

Reforzar el discurso

Políticamente, los tres líderes de del pacto de gobierno presentan la reforma fiscal como un refuerzo a sus discursos. Para el alcalde Carles Pellicer (JxR) demuestra que el Ayuntamiento está saneado y que la situación financiera municipal ha pasado de catastrófica a buena y estable, y con capacidad de articular medidas sin parangón que den ventaja competitiva a la ciudad, mientras la concejal Caballero insiste en que la presión fiscal en Reus es comparativamente baja.

Para la vicealcaldesa Noemí Llauradó, encarna las virtudes de la política de planificación impulsada por ERC y da continuidad al Pla d’Acció Municipal (PAM) y al Pla de Reactivació, mientras que Daniel Rubio (Ara Reus) anuncia que la reforma se completará con una importante rama medioambiental a presentar esta semana.

Respecto a la oposición, la primera en pronunciarse ha sido Débora García (Cs), a la que siempre es interesante escuchar en temas de fiscalidad: «Estas ordenanzas no ayudan ni a las pymes, ni a los autónomos, ni a las familias a salir de la crisis», ha asegurado.

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