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La sombra del dinero para el partido

Los investigadores han buscado reiteradamente pruebas de financiación irregular de CiU y PSC en las tramas del caso Innova, hasta ahora sin éxito. La declaración de Prat resucita esta tesis

Josep Cruset

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Pellicer y Prat (en el centro) en el primer consejo de administración de Innova tras las elecciones de 2011. P.f./DT

Pellicer y Prat (en el centro) en el primer consejo de administración de Innova tras las elecciones de 2011. P.f./DT

Los investigadores del caso Innova llevan años buscando indicios de financiación irregular de partidos políticos detrás de las presuntas irregularidades en la gestión de la sanidad pública catalana y del grupo de empresas municipales de Reus. Una de las primeras preguntas que el juez ha formulado a muchos de los imputados es si han colaborado económicamente con algún partido. El punto de mira se dirige, evidentemente, hacia CiU y el PSC, que gobernaron tanto la Generalitat como el Ayuntamiento durante los años en que sucedieron los hechos.

Hasta ahora, esta línea de investigación habría pinchado reiteradamente en hueso, porque no se han encontrado evidencias de que alguna parte del dinero malversado haya ido a parar a la órbita política. Pero la declaración del exdirector general de Innova, Josep Prat, ante la Guardia Civil, el juez y la fiscal del caso, en diciembre de 2015, apunta por primera vez en este sentido. Así lo revela el levantamiento del secreto de sumario de la pieza número 4, que investiga presunto tráfico de influencias por parte de concejales y altos cargos municipales para favorecer las ventas de prótesis de la empresa Traiber, que luego resultaron caducadas o defectuosas.

Prat declaró que, poco después de las elecciones municipales de 2011 y de la llegada a la alcaldía de Carles Pellicer, fue convocado a una reunión en el Ayuntamiento en la que participaron el propio Pellicer, la teniente de alcalde y consejera delegada de Sagessa, Teresa Gomis, y el empresario de Traiber, Luis Márquez. Según Prat, el alcalde dijo «que el señor Márquez había ayudado en la financiación de la campaña y que había que devolverle el favor». De acuerdo con su versión, Gomis ya le había comunicado antes que había que «ayudar» a Traiber con las compras de los hospitales del grupo Sagessa. Prat sugirió al alcalde que presentara al empresario a los consellers de Empresa y de Salut.

Sin embargo, según consta en el mismo sumario, el propietario y gerente de Traiber, Luis Márquez, manifestó ante el juez que no se consideraba próximo con ningún partido político y que no había colaborado económicamente con ningún partido.

El alcalde Pellicer también ha negado con rotundidad la acusación de Prat, asegurando que ni Traiber ni su gerente aportaron dinero a la campaña de CiU. Pellicer tildó de malintencionadas las afirmaciones de Prat, de quien dijo que no tiene ninguna credibilidad. A la vista del contenido del sumario y de que Pellicer nunca ha sido imputado en el mismo, no parece que las investigaciones policiales hayan encontrado otras indicios de la participación del alcalde en este presunto tráfico de influencias, más allá de las palabras de Prat.

Cabe recordar, en este sentido, que corroborar si una persona o empresa hizo alguna aportación económica a un partido no es tarea fácil, porque los propios partidos que legislaron para impedir la financiación irregular fueron dejando puertas traseras en el sistema para que el dinero les pudiera seguir llegando de forma opaca.

La legislación en vigor en 2011 eximía a las fundaciones de los partidos de las limitaciones legales impuestas a los propios partidos. Así, por ejemplo, las fundaciones podían recibir donaciones anónimas sin límite de personas jurídicas. Igualmente, las fundaciones permitían sortear la prohibición de que las empresas que contrataran con la Administración pública pudieran efectuar aportaciones económicas a los partidos. Pero ningún indicio al respecto aparece en el sumario, por lo que cabe pensar que sigue sin haber pruebas fehacientes de financiación ilegal de CiU en la macrocausa Innova.

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