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La investigación relativa al suministro de prótesis de dudosa calidad de la empresa Traiber al Hospital de Sant Joan motivó la detención elpasado 28 de abril del gerente de la compañía reusense, Luís Márquez, y de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus, Teresa Gomis, durante la macrooperación judicial por el caso Innova-Sagessa. El juez ve indicios de delito contra la salud pública –entre otras imputaciones– por las presuntas presiones de la concejal a los responsables del Hospital para que el centro volviese a comprar prótesis de Traiber, según declaró el propio Márquez.
El juez instructor del caso, Diego Álvarez, destacó en el auto que «las reuniones y las presiones dieron resultado porque el propio imputado declaró que a raíz de esto consiguió una reunión con el traumatólogo del Hospital. Que el Ayuntamiento propició que se realizara la reunión, por lo tanto el doctor sabía que el declarante ya había hablado con el Ayuntamiento. Que después empezaron a vender prótesis de nuevo al Hospital Sant Joan de Reus».
La Fiscalía de Tarragona hizo constar al respecto «una denuncia ante la Agencia Española del Medicamento que da lugar a una inspección de la Generalitat en la que se hace constar la existencia de prótesis en mal estado en Traiber. Algunas de esas prótesis, incluso colocadas a pacientes, prótesis de baja calidad, con fallas en las condiciones higiénicas de su producción, así como la alteración de los precintos de caducidad de las mismas, de forma que se venden piezas caducadas como si estuvieran en estado correcto».
La Fiscalía consideró estas circunstancias «especialmente graves si conectamos las dos situaciones, de forma que quien vende medicamentos o prótesis médicas en mal estado, al mismo tiempo presiona a la administración para que se las compre, y lo que es peor, esta administración asume tal venta».
El juez destacó que el exgerente de Sagessa Joan Benet reconoció la existencia de la reunión de Márquez y Gomis con los doctores del Hospital, a instancias del Ayuntamiento. Benet declaró tras su detención que consultó con doctores sobre la calidad de estas prótesis y le pusieron en duda la calidad de las mismas, por lo que el juez considera que la Administración Pública conocía la falta de calidad.
