Las entidades confían en que el juez paralice la construcción de la nueva carretera entre La Selva y Almoster

La Diputació de Tarragona ya ha iniciado las obras del nuevo tramo de la T-3231, mientras que Unió de Pagesos y GEPEC han presentado una cautelar

05 junio 2020 07:25 | Actualizado a 07 junio 2020 11:06
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Aunque las obras de la nueva carretera T-3231, que une los municipios de Almoster y La Selva del Camp, ya hayan comenzado, la lucha contra la duplicación de este vial no ha terminado. De hecho, las entidades que encabezan esta protesta, Unió de Pagesos, el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) y la plataforma ‘Sí a la millora, No a la duplicació’ (@noaladuplicaicó) están convencidos que lograrán parar esta construcción. «Tenemos la fuerza por los argumentos técnicos», defiende Laia Muntas, miembro de @noaladuplicació que pone de ejemplo la paralización de la C-32 de Girona «si logramos paralizarlo, el tiempo correrá a nuestro favor para invalidar el proyecto». 

Hace medio año, el GEPEC y la Unió de Pagesos presentaron un recurso en el Juzgado Contencioso Número Dos de Tarragona. Tal y como explica Xavi Jiménez, presidente del GEPEC, aunque el juez desestimó la primera cautelar para paralizar el proyecto, ahora están convencidos que «con las obras en marcha, la posibilidad de aplicar el recurso es más alta, porque el contencioso tardará años en resolverse y existe la amenaza de que la obra esté acabada sin resolución judicial». 

Según Jiménez, los informes que hizo en 2016 la Ponència Ambiental de la Generalitat de Catalunya relativos al estudio de arrendamiento realizado por  la Diputació de Tarragona, «dicen que la obra se tiene que hacer en un trazado más blando que aproveche al máximo la carretera ya existente».  Algo que, según los colectivos denunciantes, se aleja mucho de la opción aprobada, en 2019, por la entidad supracomarcal, con un presupuesto de cinco millones. 

«A pesar de que es un informe de obligado cumplimiento, se acaba aprobando el proyecto de una nueva carretera que no aprovecha el trazado de la vieja, que ahora queda relegada como vial de servicio para el paso de tractores, bicicletas o peatones», explica Jiménez, aclarando que «los informes iniciales de esta autoridad ambiental se obvian, y esto es lo que hemos llevado a juicio». Sin embargo, el proyecto final, de 2019, tiene un informe favorable por parte de Impacto Ambiental, que también depende de la Generalitat, y  prevé, entre otras, la creación de tres nuevos tramos, el ensanchamiento de la carretera hasta llegar a los 8 metros (6 metros de calzada y 2 metros de arcenes), y  la construcción de tres rotondas, remodelando la vieja carretera como vía de servicio. 

«Son muchas las causas por las que presentamos estas alegaciones. Por un lado están las expropiaciones de fincas a las que obliga la nueva obra; por otro, el linchamiento que se le está haciendo al territorio. No queremos que se dañe el espacio agrario en una zona que ya está muy amenazada», explica Ton Crusells, de Unió de Pagesos, criticando que «queríamos mejorar una carretera que es peligrosa y cuando llueve no permite el acceso a fincas y este proyecto no solucionará el mal endémico del vial, sino que lo empeorará». Otra de los motivos que defienden es el exceso de infraestructuras: «Esta obra no es sostenible porque no es necesaria, por mucho que no se trate de un espacio protegido», defiende Jiménez. 
También se muestran preocupados porque esta nueva infraestructura implique una nueva planificación urbanística, ya que la carretera también da servicio a urbanizaciones como Castellmoster, el Picarany, el Puig y el municipio de Castellvell. «Seguramente estemos hablando de una especulación a largo plazo, de hecho ya han llamado a payeses para comprar más tierras», asegura Muntas. 

Alex Arnau es uno de los afectados por la expropiación de tierras agrícolas. A pesar de estar en contra de la nueva vía, firmó el pacto de expropiación de sus 1.500 metros: «Cuando se aplica la ley de decreto de expropiación, ya no hay más remedio». Arnau se muestra dolido y añade que  «aunque nos paguen bien el terreno, nunca nos pagarán el valor sentimental y de futuro de la tierra».

Aprobado por las instituciones

La Diputació de Tarragona defendió, en la presentación del proyecto, que «todas las actuaciones en la carretera darán solución a los problemas actuales, buscando una convivencia segura del tráfico y el respecto paisajístico», en un vial donde circulan, diariamente, una media de 1.590 vehículos. Por su parte, los alcaldes de La Selva del Camp i de Almoster, Jordi Vinyals y Àngel Xifré, ya defendieron en este medio la mejora del vial como algo beneficioso para el territorio, y los municipios. En ese aspecto, Vinyals señaló que «los informes favorables al estudio son totalmente indiscutibles».   

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