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Plataforma de afectados por la crisis. Este es el nombre que la treintena de familias que ocupan ilegalmente pisos en el barrio Gaudí ha decidido dar a una entidad que aglutina a todos los afectados. Constituido el pasado mes de marzo, el colectivo defiende sus intereses unánimemente ante la administración pública y las entidades bancarias, propietarias de la mayoría de pisos vacíos de este barrio del norte de la ciudad. «Somos el único barrio de Reus con una plataforma de estas características», asegura Antonio Montoya, responsable de l’Oficina d’Atenció al Veïnat y coordinador de la Mesa Cívica per a la Convivència. Actualmente, el barrio cuenta con cerca de 200 viviendas vacías, en su mayoría en manos de bancos.
Las quejas que en los últimos años ha suscitado la ocupación ilegal de pisos han motivado la creación de la plataforma. «Antes de atajar la problemática lo que hicimos fue estudiar la situación de cada familia y las circunstancias que las han obligado a ocupar una vivienda», asegura Montoya. La conclusión de este análisis ha sido que la mayoría de familias se encuentran en esta tesitura por necesidad. «En su mayoría han perdido el empleo y han sido desahuciadas, por lo que han tenido que recurrir a la ocupación ilegal», confirma el responsable de l’Oficina d’Atenció al Veïnat a la vez que recalca que «no son tantas las familias que están en esta situación, por lo que hay que reconocerles el valor de dar la cara con la creación de la plataforma».
Alquiler social
Por esta razón, la Plataforma de afectados por la crisis, con el apoyo de la asociación de vecinos, está luchando para lograr negociar alquileres sociales con las entidades bancarias. «La única forma de resolver este problema es escuchar a los afectados y evaluar su situación económica real. A partir de aquí habría que proporcionarles durante un tiempo una vivienda de alquiler social para que se reincorporen a la legalidad», afirma Antonio Montoya.
Llegados a este punto, la Associació de Veïns del Barri Gaudí también quiere llamar la atención del Ayuntamiento de Reus, concretamente del área de Benestar Social, para que intermedie en la negociación con los bancos. «En la raíz de esta problemática está la pérdida de empleo, por lo que los Serveis Socials son una pieza fundamental del engranaje para evitar la exclusión social de estas familias», asegura el responsable vecinal, quien confirma que «desde la asociación estamos dispuestos a presentar certificados de buen comportamiento de las familias ocupas para garantizar que son responsables y merecedoras de una vivienda digna».
En este sentido, después de ser pioneros en la creación del colectivo, también buscarán el apoyo de la Federació d’Associació de Veïns de Reus (FAVR) así como de distintas entidades vecinales de otros barrios de la ciudad. «El objetivo es conseguir el máximo de apoyos porque la ocupación ilegal es un gran problema y las soluciones hay que buscarlas entre todos», señala Montoya.
Erradicar la ‘mafia’
La creación de la Plataforma de afectados por la crisis también ha servido para afrontar una de las problemáticas asociadas a la ocupación ilegal de viviendas. Se trata de una organización que se encargaba de ‘reventar’ los pisos para después cobrar un alquiler ilegal a los inquilinos. A través de la actuación discreta de las fuerzas policiales y de la presión vecinal, la Associació de Veïns del Barri Gaudí ha logrado diluir una de estas organizaciones y que la otra, que todavía existe, pierda fuerza. Su actividad se centra en abrir inmuebles y luego alquilarlos a familias desesperadas. «Los vecinos hemos perdido el miedo a enfrentarnos a estas personas, lo que ha sido clave para terminar con este fenómeno», confiesa el dirigente vecinal. Él mismo señala que «podemos ser comprensibles con aquellas familias que ocupan viviendas que son propiedad de los bancos, pero bajo ninguna circunstancia admitimos que se ocupen pisos de particulares, que es lo que hacían los miembros de esta organización».
La creación de la Plataforma de afectados por la crisis se suma a otra iniciativa, impulsada desde la Associació de Veïns del Barri Gaudí. Se trata de l’Observatori de Comunitats de Propietaris que fue creado a finales del año pasado. La razón de ser de la entidad es aglutinar los intereses de las comunidades de propietarios del barrio.
El observatorio esta formado por los distintos presidentes de comunidades de propietarios y el objetivo es reunirse con las entidades bancarias propietarias de viviendas vacías, además del Ayuntamiento de Reus, para encontrar una solución a esta problemática.
La creación de este observatorio y la constitución de la Plataforma de afectados por la crisis derivan en una obligada colaboración. En este sentido Antonio Montoya apunta que «lo importante es hacer entender a ambas partes que tienen intereses en común, es decir, si las familias que ocupan pisos de manera ilegal regularizan su situación podrán ‘estar al corriente’ de los pagos con la comunidad de propietarios. Todos saldrán ganando».
