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Este martes trascendía la sentencia del Tribunal de Cuentas (TdeC) que condena al exdirector general de Innova, Josep Prat, a indemnizar al Ayuntamiento de Reus con 900.120€ por el caso Innova. Una decisión de gran relevancia, ya que supone el primer fallo judicial relacionado con el núcleo de la macrocausa. Éste es el referente a las facturas sin justificar que cobraron el arquitecto Jorge Batesteza y el exdirector del CatSalut, Carles Manté, por tareas de asesoramiento en la construcción del nuevo Hospital Sant Joan.
Pero además, la sentencia de la magistrada del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del TdeC, Margarita Mariscal de Gante, exculpa al exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, de cualquier responsabilidad y condena al consistorio a pagar las costas procesales referentes a su procedimiento. Sin duda, se trata de uno de los golpes de efecto más notorios de lo que llevamos de instrucción judicial y que ratifica el primer fallo emitido hace un par de meses por la propia Margarita Mariscal de Gante.
En aquel caso, el TdeC exculpaba tanto a Pérez como a los exconcejales Eduard Ortiz, Àlex Martínez, Josep Morató (PSC); Jordi Bergadà y Empar Pont (ERC) y Daniel Pi (ICV) de cualquier responsabilidad contable en la aprobación del aval público de 3 millones para la formación de la empresa Shirota Functional Foods en 2007. Lo que se conoce como caso Shirota y que ocupa una de las piezas que los juzgados de Reus investiga por la vía penal.
Así pues, para el TdeC la conclusión es clara a la hora de absolver a los representantes políticos de aquella época sobre el caso de las facturas o sobre la creación de Shirota. Unas sentencias que podrían actuar como precedente en las causas que dirime el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus y de consecuencias todavía por determinar. Y es que si por alguna cosa se caracteriza el caso Innova es por su fuerte componente político y su efecto a la hora de haber arrojado serias dudas sobre la gestión que los políticos realizaron del dinero público.
Por otro lado, los que no salen bien parados en estas primeras sentencias relacionadas con el caso Innova son los cargos directivos. Más allá de Prat, en la sentencia de esta semana la magistrada considera probado que tanto Carles Manté como Jorge Batesteza cobraron por trabajos sin acreditar. Además, en las dos otras resoluciones, de menor calado, emitidas por el TdeC relacionadas con los aumentos salariales en Rellsa y Reus Transport también culpa a uno de sus gerentes.
Duras penas de prisión
La sentencia del TdeC, como ella misma indica, incorpora información relacionada con el procedimiento penal. Aún así, sus conclusiones contrastan con las tesis que defiende tanto el juez Diego Álvarez de Juan como la fiscal. En su escrito de acusación sobre la pieza principal de la macrocausa –conocida el pasado mes de mayo–, la Fiscalía solicita duras penas de prisión para los encausados.
Entre ellos está el exalcalde Pérez, para quien pide 10 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. Más allá de Pérez, entre los investigados también figura el equipo directivo del holding, Prat y Manté, y el arquitecto Batesteza entre otros.
A diferencia de la vía administrativa, sólo la pieza principal del caso – ahora unida con la número 2–está en una fase avanzada tras la presentación de los escritos de las partes y de Fiscalía. Si esta pieza llegase a juicio, sería la Audiencia de Tarragona la que abrirá el primer proceso después de cinco años de investigaciones.
