Los Juzgados de Reus registran 464 demandas por desahucios durante el 2020 

Pedro y su familia tenían una orden de desahucio prevista para ayer, pero finalmente se paralizó. Son una de las muchas familias de Reus que no tienen una vivienda digna y que su situación se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19. Durante el 2020, los Juzgados de Reus registraron 464 demandas por desahucios por la vía civil, ya sea por impagos del alquiler o la hipoteca. De todos estos lanzamientos, 185 se ejecutaron y 143 quedaron suspendidos por vulnerabilidad.

Pedro, su pareja y sus tres hijos menores se vieron obligados a ocupar una vivienda de la calle Mas Pellicer del barrio Sant Josep Obrer. Ya han padecido otros intentos de desahucios pero ahora han podido ganar tiempo para encontrar una solución. Y es que la fecha del lanzamiento se ha aplazado hasta el mes de mayo.

El Sindicat de l’Habitatge de Reus (SHR) había convocado una movilización para intentar frenar el desahucio. Desde la entidad, desconocen los motivos por los que finalmente se detuvo el lanzamiento pero creen que la presión y la movilización social han ayudado a pararlo.

Oriol Sales, del SHR, explica que desde el Sindicat de l’Habitatge trabajan para que nadie se quede sin casa pero no desde un posicionamiento asistencialista como lo harían Serveis Socials. «Trabajamos conjuntamente para que todo el mundo tenga una vivienda digna», dice Sales que añade que la intención es ayudar a las personas a encontrar una solución a través de Serveis Socials, negociando con los propietarios de las viviendas o a través de la Taula d’Emergència en l’Àmbit de l’Habitatge, entre otras.

Desde el SHR lamentan que «Serveis Socials no llegue donde tiene que llegar» por falta de recursos y denuncian que «el parque de vivienda público es muy precario y muy justo». Además son críticos con la gestión del Ayuntamiento en materia de vivienda porque, según Sales, no dan «soluciones sino pedazos» como con la pensión Suïssa donde las personas que no tienen ningún techo viven temporalmente «en malas condiciones» y consideran que no es un sitio adecuado para familias con menores de edad.

En estos momentos, la prioridad para el Sindicat de l’Habitatge es frenar todos los desahucios porque «no podemos permitir que haya gente en la calle sin una alternativa habitacional». Defienden que las administraciones deberían proteger más a los inquilinos que a los propietarios que en muchas ocasiones son fondos buitre o entidades bancarias.

Desde que el Sindicat de l’Habitatge de Reus se puso en marcha en diciembre del 2020 han conseguido frenar otros dos desahucios, uno en Salou y el otro en el barrio Fortuny de Reus. Y también han hecho el seguimiento de algunos casos que aún no tienen fecha de lanzamiento.

Por la vía penal, por delitos leves de ocupación, en los juzgados de instrucción de Reus, durante el 2020 se incoaron 97 juicios, 16 juicios fueron sentenciados, 4 de ellos con condenas y 12 con absoluciones. Por otra parte, 47 juicios fueron archivados antes de sentencia y tan solo en 4 casos se tomaron medidas cautelares de desalojo antes del juicio.

Los Juzgados de Reus de primera instancia cuentan con 7 juzgados, uno de los cuales entró en funcionamiento el pasado 1 de octubre. En la capital del Baix Camp también hay 4 juzgados de instrucción.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Reus intervino en 2020 en la paralización de 90 expedientes, y en total lograron frenar 96 intentos de desalojos. Desde Serveis Socials del Ayuntamiento, trabajaron con un total de 342 expedientes con procedimiento judicial por desalojo (176 abiertos en años anteriores y 167 del año pasado). De los 342, 107 ya tienen fecha marcada de lanzamiento y los otros 235 aún no tienen ningún plazo definido.

Con su intervención, el Ayuntamiento de Reus consiguió frenar 96 desalojos en 2020

El consistorio en 2013 se sumó al Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamientos a los partidos judiciales de Catalunya, con el fin de coordinar instituciones para evitar desahucios y poder ayudar a mejorar la situación de las familias en situaciones vulnerables.

Además, desde la administración local también se ofrece un servicio de asesoramiento de la deuda hipotecaria y ayudas para evitar perder la vivienda o trabajo comunitario.

A finales de enero el Tribunal Constitucional anuló el decreto 17/2019 y el 1/2020 de la Generalitat a través del cual se obligaba a grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las familias que no pudieran pagar el alquiler o con el contrato vencido, o a quienes ocupan ilegalmente un inmueble siempre y cuando acreditasen la falta de recursos.

El TC consideraba que esta regulación no podía hacerse por decreto, sino mediante una ley.

Las entidades que defienden una vivienda digna para todo el mundo reclaman al nuevo gobierno catalán una ley que priorice los alquileres antes de optar por los desahucios, pero sobre todo una gran inversión para ampliar el parque de vivienda social.

El Ayuntamiento trabaja para ampliar el parque de vivienda pública

Actualmente el Ayuntamiento de Reus cuenta con 160 viviendas públicas con alquileres sociales. Desde el consistorio quieren incrementar la oferta y tienen algunos proyectos sobre la mesa. La administración contempla 35 nuevas viviendas de protección oficial en la zona de la antigua Hispania y también la construcción de edificios en el barrio del Carme. Por otra parte, el consistorio también quiere poner en marcha este año el Centre Social del Roser para poder hospedar personas en situación de emergencia social. El centro también incluirá el comedor social, una despensa solidaria y un punto de gestión y distribución de la red de alimentos.