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Los Servicios Sociales atienden a las familias okupas de Joan Coromines

El Ayuntamiento se ha reunido con las que están empadronadas en Reus y ha activado el proceso para certificar si son vulnerables
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La Guàrdia Urbana vigila a diario los dos bloques okupados de la calle Joan Coromines. Foto:  Alfredo González

La Guàrdia Urbana vigila a diario los dos bloques okupados de la calle Joan Coromines. Foto: Alfredo González

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus se han reunido estos últimos días con algunas de las familias de etnia gitana que hace meses okupan los bloques 4 y 6 de  la calle Joan Coromines del barrio Horts de Miró. La atención de los técnicos municipales se ha producido después de que las familias se pusieran en contacto con ellos y de comprobar que estaban empadronadas en la ciudad. 

La concejal de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica que las reuniones han servido para iniciar los trámites pertinentes que deberán determinar si son familias vulnerables. «Estamos trabajando para analizar la situación de las familias y si  necesitan nuestra intervención», manifiesta Vilella, que deja bien claro que no recibirán ningún trato de favor. 

«Si la conclusión es que debemos actuar, entonces entraran a formar parte del circuito que tenemos en marcha en la ciudad para ayudar a las familias que atraviesan problemas similares y que requieren una vivienda social o de urgencia», asegura. La concejal de Benestar Social también subraya que la postura del gobierno municipal respecto a las okupaciones ilegales no ha cambiado un ápice y que las familias deberían desocuparlas antes de que lo ordene un juez. 

Las familias okupan dos bloques desde finales de julio y residen con el agua y la luz cortada

La problemática en la calle Joan Coromines surgió a principios del pasado mes de julio por la preocupación de los vecinos del barrio Horts de Miró que aseguraban sentirse «inseguros» tras la ocupación de 17 pisos. La mayoría de ellos todavía siguen okupados a pesar de tener la electricidad y el agua cortados desde hace varias semanas. De hecho, una patrulla de la Guàrdia Urbana vigila a diario la calle para evitar que las familias se reenganchen al suministro como ya han intentado hasta en cuatro ocasiones distintas. Todas ellas fueron cortadas de nuevo por la intervención de los agentes y de los operarios de ambas compañías. La última se produjo hará un mes. 

La emergente preocupación vecinal, y tras una rueda de prensa de los concejales de la CUP que se erigieron como mediadores, hizo que el gobierno municipal se pronunciara de forma contundente y asegurara que no haría «ninguna concesión en casos claros de ocupación ilegal». También criticó el papel de los cupaires y manifestó que ninguna de las familias con las que habían tratado presentaba una situación de vulnerabilidad. También apuntó que no estaban empadronadas en la ciudad. Finalmente, y tras analizar el caso con profundidad, algunas de ellas sí que han resultado tener el padrón. 

Pisos del BBVA

Los pisos okupados de la calle Joan Coromines son propiedad del BBVA, a pesar de que la entidad bancaria todavía está en trámites para poder adquirirlos de forma completa después de que su promotora entrara en quiebra. Por este motivo, hasta que no termine todo este proceso, que puede llevar varios meses, no podrá actuar en las viviendas okupadas. 

Fuentes consultadas de la entidad bancaria en su día, ya explicaron que mantienen un acuerdo con la Generalitat y los Servicios Sociales y que son ellos los encargados de determinar si una familia es vulnerable y, por lo tanto necesita una vivienda.

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