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Los acusados en el caso Tecnoparc reconocen los hechos y pactan penas mínimas de cárcel

Los cuarto implicados eluden ir a prisión y asumen los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por las facturas que ascendieron a 115.000€

Francesc Gras

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Àngel Cunillera, expresidente del Tecnoparc, junto a los abogados y otro investigado, Ramon Urgellès. FOTO: ACN

Àngel Cunillera, expresidente del Tecnoparc, junto a los abogados y otro investigado, Ramon Urgellès. FOTO: ACN

Carpetazo final a las facturas de Tecnoparc de Reus siete años después de que el caso saliera a la luz pública. Y lo ha hecho, además, sin celebrarse el juicio previsto en la Audiencia Provincial de Tarragona. Esto es así porque los cuatro representantes de la antigua cúpula de Tecnoparc alcanzaron ayer un pacto con el Ministerio Fiscal aceptando los delitos que se les imputaban (falsedad documental y malversación de caudales públicos) y la imposición de penas de prisión inferiores a los dos años. Inicialmente, la Fiscal planteaba condenas de entre cuatro a seis años.

Los cuatro acusados eran el que fuera presidente de Tecnoparc, Àngel Cunillera; el exconsejero y exconcejal del Ayuntamiento de Reus, Jordi Bergadà; el empresario Ramon Urgellès, y el exgerente de la sociedad Xavier Gómez. Todos ellos asumieron los delitos y las condenas de un año y cuatro meses de cárcel. Al tratarse de penas inferiores a los dos años, los implicados no tendrán que cumplirlas. 

El Ministerio Fiscal también les impuso una mínima multa económica de 810€ para cada uno e inhabilitaciones para ejercer cargo público. Los cuatro quedaron exentos de responsabilidad civil, teniendo en cuenta que Cunillera y Bergadà devolvieron las cantidades cobradas a través de facturas irregulares. Una decisión que, en su día, ya hizo que tanto Ara Reus como el Ayuntamiento se retiraran del caso.

El pacto de todas las partes con el Ministerio Fiscal se fraguó minutos antes de iniciarse la vista, ya que uno de los implicados, Xavier Gómez, rechazó hasta el último momento alcanzar un acuerdo. Éste quedó ratificado en la vista oral celebrada en el interior de la sala de la sección segunda de la Audiencia Provincial. Allí, y de forma detallada, el juez leyó los términos de las penas, que pasaron por cuatro meses y quince días de prisión, y una multa de seis euros diarios por el delito de falsedad documental, y de un año de prisión y la inhabilitación a la hora de ejercer un cargo público por el delito de malversación de caudales públicos. 

El juicio del caso Tecnoparc debía dirimir el cobro indebido de más de 115.000€ entre los años 2008 y 2009 por parte del expresidente de Tecnoparc y del exconsejero y exconcejal del Ayuntamiento de Reus a través de facturas que ayer reconocieron que fueron irregulares y que no acreditaban el trabajo realizado. El empresario Ramon Urgellès y el exgerente Xavier Gómez también asumieron su responsabilidad como responsables de activar y autorizar el pago de las facturas. 

Las principales claves del caso eran, en primer lugar, que la sociedad mercantil Tecnoparc Reus S.A., a diferencia de las otras que formaban el holding Innova, no era de titularidad 100% pública. Y la otra es que los estatutos de la sociedad dejaban claro que los cargos directivos de la empresa no podían cobrar un sueldo. Motivo por el cual, la elaboración de las facturas se llevó sin el consentimiento de la junta de administración de la sociedad

Decenas de testigos

Más allá de la presencia de los cuatro encausados, para la sesión de ayer estaban citados un destacado número de testigos. Muchos de ellos destacados empresarios de la capital del Baix Camp que, con la Cambra de Comerç o PIMEC, formaron parte del accionariado privado de la empresa. También estaban presentes el exconcejal de ICV-EUiA y exconsejero del Tecnoparc, Ernest París, y el secretario e interventor del Ayuntamiento de Reus. Cabe recordar que el informe que redactaron en el año 2012 referente al caso de las facturas, y que apuntaba la existencia de un «eventual ilícito penal», fue utilizado por Ara Reus para presentar la denuncia contra Cunillera y Bergadà. Sus impulsores, el entonces  líder de Ara Reus, Jordi Cervera, y la número 2, Cori Fargas, también estaban citados ayer como testigos. 

Las facturas

De forma detallada, el expresidente de Tecnoparc, Àngel Cunillera, cobró tres facturas por «asesoría y asistencia técnica» entre los años 2008 y 2009 por valor de 80.500€ (más IVA), mientras que el exconcejal y exconsejero de Tecnoparc, Jordi Bergadà, se llevó un total de 33.600€ (más IVA). El año pasado, ambos consignaron en los juzgados de Reus los más 115.000€ percibidos en aquella época para que regresaran a la sociedad municipal Redessa. Una cantidad que el actual gobierno municipal ya ha reinvertido en la mejora del vivero de empresas.

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