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Los distintos comités de empresa que integran el Grup Salut de Reus denuncian la situación de incerteza que atraviesan los cerca de 3.000 trabajadores del grupo. Aseguran que se sienten «desamparados» y no quieren hablar de despidos por culpa del futuro «incierto» que atraviesa el sistema sanitario reusense.
«Nos encontramos rodeados de una situación política incierta y de unos gestores ineficientes que actualmente no mantienen informados a los trabajadores de los cambios que se acercan», reza el comunicado enviado este jueves y que firman los comités del Hospital Sant Joan, Hospital de Móra d’Ebre, Centre MQ, Ginsa y Fudació Sagessa Salut. Además, y en la misma línea expresada la semana pasada por los empleados de Ginsa, anuncian movilizaciones para defender los derechos de los trabajadores si no se atienden sus demandas.
Anuncian movilizaciones para defender los derechos de los trabajadoresEl posicionamiento conjunto de todos los comités que forman el Grup Salut es un gesto poco habitual. En los últimos tiempos, la imagen más común ha sido la de los trabajadores reivindicar en cada caso la situación de su empresa sin urdir una actuación conjunta. Esto, por ejemplo, quedó bien claro con la entrada de algún comité de empresa en consejos de administración mientras que otros lo rechazaban. Por este motivo, el comunicado toma un significado especial.
De hecho, el texto subraya que, «a pesar de las diferencias de cada centro, nos une un punto en común, que es la defensa de los puestos de trabajo y garantizar una asistencia de calidad a la ciudadanía». Un punto, éste último, que ya han denunciado en varias ocasiones que está en peligro. Por todo ello, los trabajadores exigen explicaciones y adelantan que ya han solicitado reuniones con los responsables de la región sanitaria, el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y la presidenta del Grup Salut, Noemí Llauradó.
El sector de la sanidad en la ciudad atraviesa un momento complejo. El Grup Salut debe afrontar una profunda reestructuración (Tortosa y Amposta ya han anunciado que abandonan Sagessa) y la materialización del consorcio con la Generalitat que deberá entrar en funcionamiento en enero de 2018.
