Los trabajadores del Hospital de Reus volverán a llevar los cobros por objetivos a los juzgados

Los distintos sindicatos se han mostrado muy molestos tras conocer que no verán abonadas las retribuciones variables de 2019 tras el «esfuerzo titánico» que realizan contra la Covid-19

03 mayo 2020 11:20 | Actualizado a 18 mayo 2020 06:37
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Las retribuciones variables en función de los objetivos (DPO) de los trabajadores del Hospital Sant Joan de Reus volverán a llevarse al juzgado, como ya ocurriera con las de 2015, 2016 y, ahora, las de 2019. El pasado lunes 20 de abril el concejal de Salut, Òscar Subirats, anunció en rueda de prensa que el hospital acumulaba un déficit de 142.000€ y que eso suponía que la plantilla no iba a cobrar las DPO, tal y como está estipulado en el convenio laboral. Pero a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez han existido dos factores que han hecho levantar la voz de los sindicatos del centro hospitalario y mostrar su indignación públicamente.

Por un lado, está el contexto. A pesar de que el convenio de 2017-2019 señala que el cobro de las retribuciones variables sólo se ejecuta si el Sant Joan no cierra el ejercicio en números rojos, todos los sindicatos coinciden en que este hecho no debería contemplarse tras el duro trabajo al que se están enfrentando con la crisis sanitaria de la Covid-19, que les ha llevado a largas jornadas laborales y un alto estrés psicológico.

«Ha sido un jarro de agua fría», afirman desde SATSE Reus, un sindicato de enfermería desde el que se añade: «Se trata de una parte de nuestra paga que se otorga si se cumplen unos objetivos de calidad y que puede oscilar entre el 5,1 y el 10% de nuestro salario. Y la calidad la hemos demostrado de sobras». Del mismo modo, Francesc Roig, del Sindicato de Técnico Auxiliares de Enfermería SAE, considera muy grave que no se vea recompensado el esfuerzo «titánico» que están haciendo y añade que, ahora mismo, los números son lo de menos, señalando que le gustaría que todo el reconocimiento político que se ve en los discursos se tradujera en una compensación económica. Este sindicato es el que comunicó que llevaría las DPO ante el juez, donde Treball ya les ha dado la razón en anteriores ocasiones.

Referente a los aspectos económicos, UGT hace hincapié en que «se habla de un déficit de 140.000€, pero hay que tener presente que el presupuesto global del Sant Joan es de 120 millones, por lo que las DPO solo significan un 0,1% (dos millones)».

Otro factor que ha molestado a los sindicatos es la forma como han conocido la noticia. Normalmente, durante el mes de marzo el Consell d’Administració del Hospital se reúne con el Comité de Empresa y ahí se presenta la formulación de cuentas del ejercicio. «Es una falta de respeto haberse percatado a través de la prensa», manifestó el Comité d’Empresa del HSJUR, en una carta enviada al concejal de Salut y presidente del Consell d’Administració, añadiendo que «los trabajadores cumplen con los objetivos y no perciben retribución alguna (…) lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿Alguien va a asumir la responsabilidad directa de la gestión?».

Por parte del consistorio, Subirats indicó al Diari que esta misma semana tendría que producirse la reunión con el Comité d’Empresa para enseñar las cuentas del ejercicio de 2019 y justificar los resultados: «No les queríamos esconder nada. La reunión se hace, pero no en la fecha habitual». Una situación provocada, dijo, por la declaración del Estado de Alarma. De hecho, el director del Consell d’Administració del Sant Joan aseguró que, desde el inicio de la crisis de la Covid-19, han existido contactos directos entre el comité de empresa y la dirección en la reunión semanal para tratar los planes de contención, actuación y actualización de la Covid-19.

Respecto a las DPO, Subirats subrayó que el caso del hospital reusense no es una excepción, ya que «ningún centro sanitario con los objetivos sujetos a las cuentas y con números rojos las han pagado», y añade que, a pesar de ello, «me duele en el alma que no se cobren y estoy de acuerdo en que un reconocimiento simbólico no es suficiente». Con todo, aseguró que «la Generalitat de Catalunya ya está estudiando fórmulas para recompensar económicamente a los trabajadores de los hospitales públicos y privados y nosotros apretaremos para que así sea».

El nuevo convenio, en pausa

Los diferentes sindicatos sanitarios quieren que las DPO no estén sujetas a las cuentas del centro hospitalario en el nuevo convenio laboral, que se empezó a negociar el pasado mes de febrero. La Covid-19 paralizó el proceso, por mutuo acuerdo del Consell d’Administració y el Comité d’Empresa y ahora mismo está en un período de ultraactividad que, según Subirats, se alarga hasta el 31 de diciembre para dar margen a la negociación, ya que las conversaciones no se retomarán hasta que la situación sanitaria esté controlada y se acerque a la normalidad pre-Covid.

Esto alargará las fechas e inquieta a los trabajadores, que no quieren que estas negociaciones se realicen cuando el Hospital Sant Joan ya sea propiedad de la Generalitat de Catalunya, ya que temen perder su convenio propio, que cuenta con condiciones distintas a las del sector (SISCAT), el de los hospitales de titularidad pública. Por ese mismo motivo, quieren que el convenio sea de más de un año de duración, algo que según la CGT es una intención contraria a la que tiene la dirección del Hospital. De hecho, la firma que ejecutará el traspaso se hará el próximo 22 de julio, y el reloj no deja de correr.

En ese aspecto, el director del Sant Joan asegura que «no hay de qué preocuparse». Según Subirats, por parte de CatSalut «no hay ningún interés en cambiar las condiciones», ya que el organismo tan sólo quiere ser partícipe de la negociación en el tramo de cierre y firma. Así, Subirats afirma que el nuevo convenio «recogerá y reflejará que todos los trabajadores estén subrogados con las mismas condiciones y derechos actuales y en su propio convenio laboral».

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