Los vecinos de Reus suman cerca de 5.000 firmas contra la subida de los impuestos

El 9,7% será una de las cifras claves de este reciente mandato del Ayuntamiento de Reus. La subida de los impuestos ha conllevado la movilización de varias entidades vecinales que han coleccionado hasta 5000 firmas. Esta mañana, Eduardo Navas, presidente de la asociación de vecinos Primer de Maig e impulsor de una de las iniciativas presentó 1.250, signaturas y las correspondientes alegaciones, en la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 

«Los impuestos han subido, pero los salarios no», criticaba Navas.  En este sentido, las alegaciones de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales -que han de regir a partir del 1 de enero de 2020- se centran en la «delicada situación económica que vive la sociedad de Reus». El representante vecinal, con la colaboración de las asociaciones de vecinos Mas Vilanova, Barri Inmaculada, Joan Prim y Zona 5, además de distintos bares de la ciudad aseguró que, en total, se presentarán unas 5.000 firmas sumando la iniciativa lanzada por David Reche en la plataforma online change.org, que colecciona ya 1.300 signaturas y la de la Federació d’Associació de Veïns de Reus, que las presentará el próximo lunes 2 de diciembre.  

Sin embargo, Navas y sus colaboradores saben que las firmas solo son una herramienta de presión: «lo que realmente puede generar cambios legales son las alegaciones». En este sentido, en el documento entregado a la OAC se han presentado un conjunto de nueve alegaciones, todas ellas contextualizadas en la situación precaria después de la crisis económica, subrayando «el alarmante numero de personas asistidas por el Banco de Alimentos y Cáritas y del aumento de pobreza y la exclusión social». 

Es por ello que el documento hace referencia a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas; de Bienes Inmuebles; del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; la tasa de recogida de vehículos de la vía pública; las tasas de servicio de cementerio; de reservas de la vía publica para aparcamiento, carga y descarga de mercaderías además de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por el servicio de residuos comerciales y industriales  y de los servicios de limpieza y recogida de otros residuos. 
También manifiesta el «total desacuerdo» con la subida del agua que se aprobaría con la modificación del tarifas del servicio municipal de agua potable y servicio de alcantarillado. 

«Proponemos una legislación en positivo. Una bonificación para la gente que está en los sectores más desamparados», resumió Jon Rodríguez, de la AAVV Mas Vilanova, añadiendo que «los ayuntamientos tienen la potestad de pedir una valoración catastral baja, cosa que ayudaría a que el impuesto del IBI no fuera tan negativo».  
Con todo, el grupo de vecinos aseguró que ante una respuesta negativa del ayuntamiento, seguirán trabajando para que «se vele por el bienestar ciudadano de una vez por todas». 

Servicios de calidad
Ante este recurso popular, fuentes municipales argumentan que el gobierno de Reus «está comprometido con la garantía de continuar prestando los servicios de calidad que merece la ciudadanía». También aseguran que la ciudad tiene una presión fiscal baja «y que así continuará siendo». Por ello añaden que el expediente de Ordenances i Pressupostos «supone un doble esfuerzo para garantizar la cohesión social: introduce la progresividad fiscal y mantiene el considerable esfuerzo que supone una política de subvenciones destinada a atender a las personas con más vulnerabilidad social». 
Se remiten a los datos de 2018, «cuando estaba la presión fiscal a un 19,77% por debajo de la media de los 5 municipios de tamaño parecido en Catalunya». Además aseguran que el Govern de Reus no ha incrementado la presión fiscal, ya que llevas desde 2011 con los tributos congelados. «Por contra, sí que se ha aumentado progresivamente el precio de la vida, durante los  años que Reus ha tenido los tributos congelados, el IPC ha subido un 7,7%».