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Los vecinos del barrio del Carme de Reus están hartos de las molestias que causa una casa okupa

Llevan más de un año denunciando los problemas de convivencia que generan en el barrio los okupas de un viejo edificio de la calle Sant Francesc. Aseguran que venden droga y alertan de la situación de insalubridad del inmueble   

Francesc Gras

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Un grupo de vecinos del barrio del Carme, este domingo frente al edificio okupado desde hace más de un año. FOTO: Alfredo González

Un grupo de vecinos del barrio del Carme, este domingo frente al edificio okupado desde hace más de un año. FOTO: Alfredo González

Crece el malestar en el barrio del Carme por las molestias que causan un grupo de unos ocho okupas instalados en el número 15 de la calle Sant Francesc. Se trata de un viejo inmueble que los vecinos y comerciantes aseguran que se ha convertido en un punto de venta de droga y que no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad, salubridad ni higiene. De hecho, desde la Associació de Veïns de l’Harmonia del Carme no esconden que están «desesperados» y que ya no saben dónde acudir tras más de un año denunciando el caso ante la Guàrdia Urbana y el Ayuntamiento

El nivel de cansancio es de tal magnitud que, incluso, no descartan llevar a cabo ellos mismos acciones de presión para forzar su expulsión. Sobre todo tras el episodio vivido hace un par de días y que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Según cuenta el presidente de la asociación de vecinos, Josep Machado, los okupas rompieron una tubería de la fachada del edificio y las aguas residuales se vierten en la acera. 

Los vecinos no descartan realizar ellos mismos acciones de presión para forzar su expulsión 

«El olor es insoportable y la imagen que ofrece la calle es lamentable», se queja Machado, quien añade que «muchas veces orinan en la terraza o hacen sus necesidades en bolsas o cajas de cartón y después las echan a la calle». Más allá del olor pestilente que desprende la zona, el presidente vecinal ratifica que son un grupo «muy problemático» y que son distintos a los que estaban el año pasado. «Hacen mucho ruido y trafican con droga porque de noche ves que no deja de entrar y salir gente».

Por todo ello, Machado expone: «Queremos que se tomen medidas urgentes porque ya no podemos aguantar más esta situación». Acompañado por un grupo de vecinos, también pide que se precinte la casa y que se tapie la puerta y los balcones. Tal y como ya publicó el Diari el año pasado, la casa okupa de la calle Sant Francesc, esquina con la de Sant Benet, es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que, ya entonces, estaba al corriente de la situación. 

Imagen de la tubería rota por donde se vierten las aguas residuales a la calle. FOTO: Alfredo González

En el barrio del Carme son conscientes de que la normativa actual no lo pone fácil al respecto de las okupaciones ilegales pero recuerdan que la casa lleva mucho tiempo okupada de forma ilegal y que no son familias en situación de vulnerabilidad. «Sólo queremos vivir tranquilos», declara uno de los residentes reunido en el parking de zona azul que hay frente al Portal del Carme. Éste también lamenta la mala imagen que transmite el barrio y se pregunta qué ocurriría si la situación se repitiera en alguna de las calles más céntricas de la ciudad. 

Derribo de los pisos del Incasòl

Las primeras quejas abiertas de los vecinos por la presencia de okupas en esta casa del barrio del Carme se produjeron hace un año. Entonces, el Ayuntamiento de Reus ya informó que tenía conocimiento del caso y que la Guàrdia Urbana había intervenido en una ocasión para identificar a los ocupantes para facilitar la información a la propiedad. Al parecer, la problemática lleva tiempo denunciada pero el continuo cambio de las personas que viven en su interior dificultan todavía más la actuación.

Por otra parte, desde la entidad vecinal también esperan que se lleve a cabo el derribo de los dos edificios desocupados que se encuentran justo al lado de la casa okupada. Un proyecto presupuestado en unos 200.000 euros y que depende de la adjudicación de las obras por parte del Incasòl

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