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Más de 600 familias reusenses piden ayuda al Ayuntamiento para pagar las facturas

Dos años después de la muerte de Rosa en un incendio provocado por una vela, la cifra de hogares vulnerables sigue en aumento. Al final del año se prevé alcanzar las 900 solicitudes

Marc Càmara

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El caso de Rosa tuvo una transcendencia estatal. FOTO: alfredo gonzález

El caso de Rosa tuvo una transcendencia estatal. FOTO: alfredo gonzález

El Ayuntamiento de Reus ha recibido más de 600 peticiones de certificado de vulnerabilidad para acogerse a las distintas líneas de ayudas para pagar las facturas energéticas. Así lo confirma al Diari la concejal de Serveis Socials, Montserrat Vilella, que asegura que la estimación del consistorio para finales de año asciende hasta las 900 familias. 

Los servicios sociales de Reus están desbordados para atender a los afectados por la pobreza energética. Medio millón de euros del presupuesto se destinan, de forma directa, a ayudas a familias en situación de riesgo social que no pueden hacer frente a las facturas y que, de no contar con las ayudas, se verían asfixiados por enormes deudas con las compañías suministradoras de servicios como la luz y el gas. 

Vilella critica que «como sociedad no tenemos resuelto el problema de la pobreza energética». Asegura que en el Ayuntamiento todo el mundo está concienciado que hbay que ayudar a las familias necesitadas para evitar males mayores, pero no comprende cómo puede ser que sean las administraciones locales las que aborden el problema. 

«Debemos buscar soluciones», dice Vilella. Y en eso han estado a lo largo de los últimos ejercicios en la Plaça del Mercadal. De momento se ha habilitado un punto de asesoramiento energético que es condición sine qua non para acceder a las ayudas. En la oficina «hemos detectado que el 94% de solicitantes pueden reducir la factura adecuando la potencia contratada. El 88% tienen acceso al bono social, pero siete de cada diez no lo han solicitado aún». Las fórmulas existen, pero el problema persiste año tras año. 

La negativa de las energéticas

Una de las quejas de la Aliança Contra la Pobresa Energètica es la falta de voluntad política para obligar a las empresas suministradoras de luz y de gas para que firmen un convenio que regule en qué medida deben hacerse responsables de la factura social de la pobreza energética. Según Maria Campuzano, portavoz de la Aliança, «los que pagan las facturas son los ayuntamientos y no se deberían de destinar fondos públicos a pagarlas porque las empresas tienen beneficios millonarios y deberían absorber la deuda de los más vulnerables». 

Desde el Departament d’Empresa, en la Agència Catalana del Consum, aseguran al Diari que «20 empresas subministradoras de agua han firmado el convenio». Ellos mismos, pero, admiten que la gran mayoría son empresas de titularidad pública. El convenio consiguió el apoyo de la Generalitat y el resto de administraciones catalanas, además de la federación y la asociación de municipios de Catalunya. Según Campuzano, «la Generalitat no ha presionado suficiente». 

Un extremo que no comparte Montserrat Viella, que asegura que «quién regula el sector es el gobierno estatal». Desde las entidades sociales, reunidas en la Taula del Tercer Sector, alertan del concepto pobreza oculta. Hace referencia a las personas que reducen su calidad de vida por culpa de la imposibilidad de pagar las factures pero que no se dirigen a servicios sociales porque no saben que tienen acceso a ayudas, incluidas el bono social, que acarrea multitud de trabas administrativas. 

También reclaman que la energía pase a ser considerada un derecho y hasta que se regule el IVA que se aplica a los servicios básicos, como la luz o el gas, que a día de hoy es del 21%. 

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