«Necesitamos que la justicia avance, muchos afectados son mayores»

Se han cumplido ya dos años de la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa de L’Aleixar y los afectados todavía esperan que se haga justicia. El agujero económico de más de 3 millones de euros afecta a más de 200 personas de este pequeño municipio de poco más de 850 habitantes (representan un 23% de la población), gente que, en algunos casos, perdieron literalmente todos sus ahorros. Muchos de ellos son personas mayores, «y necesitamos celeridad porque si no, lamentablemente, no podrán ver la solución», reclama el alcalde de L’Aleixar, Antoni Abelló.

No obstante, la justicia avanza más lentamente de lo deseado. Las últimas noticias las recibieron este pasado verano, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus –que instruye la causa penal con la exdirectora de la sección de crédito, Maria Àngels Salvat, como principal investigada– levantó el secreto de sumario. «Pero no sabemos nada más. Nadie nos ha citado y nos sentimos abandonados. ¿Cuándo se celebrará el juicio? No lo sabemos», exclama Imma Vilella, de la Plataforma d’Afectats de la Cooperativa de l’Aleixar.

«No hay novedades del caso y nos sentimos abandonados. No sabemos cuándo habrá juicio», Imma Vilella de la Plataforma de afectados

De momento, las personas socias y depositantes sólo han podido recuperar poco más del 10% de las pérdidas, y gracias a la compra de las oficinas y almacenes de la Cooperativa por parte del Ayuntamiento de L’Aleixar en enero de 2019. «Tuvimos la oportunidad de ayudar. El consistorio estaba saneado, así que compramos los locales por 324.604 euros con recursos propios y alquilamos el almacén a Coselva (Cooperativa de La Selva del Camp)», detalla Antoni Abelló. De esta forma, los afectados pudieron recuperar una parte de sus pérdidas y, por otro lado, «se ha mantenido la actividad agraria del municipio», añade.

«Hay quien se quedó sin absolutamente nada. Fue un bastonazo moral muy fuerte», señala Antoni Abelló, Alcalde de L’Aleixar

Además, el alcalde también recuerda que desde un primer momento, el consistorio puso en marcha un plan de contingencia para ayudar a todas las personas que lo necesitasen «porque hay quien se quedó sin absolutamente nada», relata Abelló, quien recuerda que lo sucedido fue «un bastonazo moral. La gente ha sufrido muchísimo y, de momento, no se ven resultados».

Acciones contra los auditores

La complejidad del caso ha hecho que se derive en distintas vías. Por un lado, la causa penal, instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus y en el que la principal investigada es la exdirectora de la sección de crédito. Por otro lado, la plataforma de afectados presentó en julio un contencioso administrativo contra la Generalitat, por entender que no llevó a cabo de forma adecuada los mecanismos de control de las arcas de la entidad. Vilella recuerda que en 2011, Generalitat impuso una sanción por irregularidades. «Sanción que pagó la Cooperativa, pero de la que nadie tuvo conocimiento. Generalitat no se preocupó de nada y todavía transcurrieron siete años más hasta que se detectó definitivamente la quiebra. Ya en 2011 se tendría que haber informado al Consell Rector de lo que sucedía, pero no se hizo», se relata desde la plataforma. Ahora, la intención es también iniciar una acción de reclamación civil contra los auditores de la cooperativa, según avanzan los abogados que representan la plataforma de afectados, Francesc Artero y Jordi Salvat. Y es que defienden que los auditores son parte responsable al entender que no siguieron los procedimientos establecidos.

«Queremos visibilizar la parte humana, todo lo que estamos sufriendo», exclaman los afectados, quienes el pasado 2 de octubre se concentraron para exigir justicia. «La Covid-19 lo complica, pero tenemos que luchar», añaden.