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Pellicer planta cara a la denuncia por delito de odio y asegura que es un 'delirio'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Reus admite a trámite una denuncia de la Policía Nacional contra el movimiento sobiranista de la ciudad. Junto con el alcalde están investigadas 13 personas más entre concejales, bomberos y ciudadanos anónimos

Francesc Gras

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Imagen de la rueda de prensa de este viernes. Foto: F.G.

Imagen de la rueda de prensa de este viernes. Foto: F.G.

El alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para valorar la denuncia presentada por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus por un presunto delito de 'incitación al odio', contra él y los concejales que firmaron el manifiesto de condena a la represión policía del 1-O y pidiendo la retirada de los agentes de refuerzo de la ciudad.

El alcalde de Reus ha defendido la actuación del Ayuntamiento y ha plantado cara a las acusaciones de la policía española. "Nos citan para defender la convivencia en la ciudad en un momento de fuerte represión policial. Siempre hemos trabajado para la democracia y la libertad de los ciudadanos". En este sentido también ha tachado de 'delirio colectivo' el contenido de la macrocausa y ha apuntado que la 'convivencia solo se rompió cuando antes del 1-0 llegaron los excedentes policiales'. 

También ha subrayado que él y el resto de gobierno municipal comparecerán ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus el próximo 23 de noviembre para "reiterar la más enérgica condena contra la violencia" y dejar bien claro que su actitud frente a la defensa de la democracia no "cambiará nunca". En la comparecencia le han acompañado los otros seis concejales investigados. Estos son Montserrat Vidella (PDeCAT);  Jordi Cervera (Ara Reus); Noemí Llauradó (ERC), y Marta Llorens, Mariona Quadrada y Oriol Ciurana (CUP). Todos ellos han coincidido a la hora de señalar que si tuvieran que firmar el manifiesto lo harían de nuevo y que la denuncia "es una causa general contra el soberanisme de Reus". 

Más allá de los cargos políticos, la causa también incluye a siete investigados más entre agentes de bomberos y ciudadanos anónimos, a los que se les imputa presuntos delitos de coacciones y de malversación de fondos públicos. 

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