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El grupo municipal del PSC empezó el día de ayer anunciando la presentación de una reclamación provisional a los presupuestos del 2015. ¿Su objetivo? Paralizar la aprobación definitiva de las cuentas y abrir un debate en el pleno para negociar el destino de un nuevo paquete de inversiones. Una medida, adelantó su portavoz Andreu Martín, que contaría con la aprobación del Partido Popular. «Este gobierno en minoría no puede decidir de forma arbitraria el destino de la partida de inversiones», aseguró Martín, también muy crítico con las reiteradas negativas del alcalde Pellicer a dar conocer el destino de los 1,8 millones de euros. Además, los socialistas aprovecharon la imposición de la reclamación para desvelar sus propuestas.
Pero el diseñado plan del PSC se tumbó a media mañana cuando desde el gobierno municipal se envió un comunicado asegurando que la reclamación no podía prosperar por irregularidades tanto en la forma como en el fondo. En primer lugar porque el escrito se registró con el plazo de 15 días fijado por ley finalizado –al parecer no se tuvieron en cuenta los sábados como días laborables– y, después, porque la Llei Reguladora de Hisendes Locals no contempla la imposición de reclamaciones.
La reacción
Más allá de los términos legales, la maniobra socialista causó una gran indignación entre los miembros del gobierno. El concejal de Hisenda, Joaquim Enrech, lamentó «la falta de seriedad y rigor del PSC por el defecto de forma y la mala fe de intentar obstaculizar la aprobación definitiva de los presupuestos del 2015». Ahora bien, ante todo lo ocurrido, desde el consistorio se han visto obligados a desvelar el plan de inversiones, que se dará a conocer hoy mismo. Entre las grandes partidas estarán actuaciones de mejoras en las escuelas , instalación de una red de WI-FI gratuita en la ciudad, mejoras en las instalaciones deportivas o distintas actuaciones en la vía pública.
Cabe recordar que la cantidad de 1,8 millones de euros no estaba contemplada inicialmente, ya que proviene de una partida extraordinaria decretada por el Gobierno Central fruto de la buena gestión del consistorio en materia económica. Sobre todo en lo que concierne a la aplicación del plan de ajuste.
