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Será complicado, pero la construcción de la perrera comarcal es uno de los ejes principales que se ha marcado el nuevo gobierno del Consell Comarcal del Baix Camp para esta legislatura. Así lo confiesa Joaquim Calatayud, presidente del organismo. «Lo tendremos que afrontar de una forma muy seria», advierte.
Y es que, en el 2016, ya se planteó la construcción de una perrera pública, ubicada en el término municipal de Botarell, que diera servicio a todos los pueblos del Baix Camp. El proyecto se frenó un año después por falta de apoyo de los partidos del Consell y del gobierno de Cambrils y de Reus. Pero con la constitución del nuevo gobierno, formado por JuntsxCat, ERC-AM y el PSC-Cp, se retoma la iniciativa de crear una protectora para los perros abandonados de los veintiocho municipios de la comarca. Desde el Consell consideran que la nueva suma de fuerzas en el organismo comarcal y los cambios en los distintos ayuntamientos permitirán lograr, esta vez sí, la construcción de la perrera.
«Es una de las cosas que la ciudadanía de la comarca necesita y valoraría. Una perrera comarcal pública, en la que nosotros tendríamos la gestión, puede incidir, además, en campañas de reducción de abandonos, de adopción y cobijo», explica Carmina Pozuelo, concejal por parte del PSC, que añade: «La perrera comarcal centralizaría la respuesta y daría servicio a los pueblos que por si solos no pueden asumirlo».
Gran inversión
Uno de los motivos por los que el Ayuntamiento de Reus justificó aparcar el proyecto en 2017 fue el elevado coste económico que supondría. Según la concejalía de Medi Ambient de Reus, su puesta en marcha costaría alrededor de un millón de euros. Cifra a la que se tendrían que añadir el gasto anual de funcionamiento que marca la normativa de las perreras.
Este esfuerzo económico es algo que el presidente del Consell tiene muy en cuenta. Por eso apunta que «todo el mundo deberá tener muy claro que la protectora de animales representará un coste importante y que nadie podrá tener unas exigencias fuera de lugar porqué sino será imposible», por lo que Calatayud, alega a la conciencia social e implicación colectiva: «Ayuntamientos, agrupaciones animalistas y distintos departamentos de la Generalitat deberemos poner voluntad, sin que nadie quiera ganar por 10-0. Si este es la intención, se acaba el partido».
Necesidad de consenso
Una de las protectoras que ahora dan servicio en el territorio es L’Última Llar, que cuenta con una capacidad de alrededor de 300 animales. Así lo apunta el director técnico, Román Casanoves, que asegura que ahora cubren el 95% de las plazas. Preguntado por la perrera comarcal, el técnico considera que «sería conveniente que hubiera algún centro más en la demarcación, porque hay que tener en cuenta la capacidad de gestión de cada centro».
Al Consell le faltará convencer a más entidades animalistas de la zona, a los distintos alcaldes y, sobre todo al consistorio de Cambrils y de Reus. Calatayud asume que «el Consell d’Alcaldes tendrá la última palabra y el Ayuntamiento de Reus será imprescindible para darle viabilidad en todos los aspectos» . El consistorio reusense descartó en 2017 la perrera comarcal para seguir con el modelo de contratación de este servicio público, el cuál gestiona, precisamente, Jardí Muortuori Baix Camp - L’Última Llar.
