«Queremos una vivienda para rehacer nuestras vidas, nadie escoge estar en la pobreza»

Alejados de las miradas de la mayoría de transeúntes, las personas sin hogar sobreviven en silencio en las calles. Explican que se sienten ignorados, apartados de una sociedad que «ni nos mira», describe al Diari un grupo de personas de Reus que se encuentra en esta situación. Ahora, quieren alzar la voz para reclamar «lo que son nuestros derechos, porque de las obligaciones sí que se acuerdan, pero de los derechos, nada».

Muchos de ellos han sufrido drogodependencia y, a pesar de estar en tratamiento, dicen estar dentro de una inercia difícil de romper si no tienen un techo donde cobijarse. «Si vives en la calle, sucio, pensando cómo comerás, dónde dormirás, dónde harás tus necesidades... ¿Cómo vamos a tener trabajo? En la calle somos vulnerables y hay quien se aprovecha de nosotros y por culpa de esto nos acabamos metiendo en problemas», reflexiona Mohamed, de 28 años, vecino de Reus y que hace ya ocho años que vive en la calle.

A pesar de todo, ahora se muestran perplejos de la rapidez con la que, ante la declaración del estado de alarma por el Covid-19, los alojaron a todos en fondas «en menos de 24 horas». Pero terminado el confinamiento, la realidad los ha sacudido de nuevo: desde el 1 de junio vuelven a estar en la calle. «Se ha demostrado que si se quiere, se puede», sentencia Sebastià, usuario de La Illeta. Un centro de actividades y acogida ubicado en Reus, organizado alrededor de la Associació Reus Som Útils (ARSU) y que trabaja de la mano del Servei d’Addiccions i Salut Mental del Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Viendo lo que sucedió en marzo, el colectivo tiene clara la reivindicación: «Queremos una vivienda para rehacer nuestras vidas». Piden que se habilite algún albergue o que se pongan a disposición pisos con alquileres sociales «que vayan en función de lo que percibe económicamente cada uno y, si alguien no tiene ingresos, puede pagar de otra forma, como por ejemplo, haciendo trabajos para la ciudad», detalla el colectivo.

Todos ellos coinciden en que no quieren ayudas, «sólo un techo». Ven la vivienda como el pilar fundamental para poder salir adelante. Mohamed pone su ejemplo: antes de llegar a La Illeta tenía toda su documentación caducada. El motivo era que vivía en la calle y no podía empadronarse y, sin padrón y, consecuentemente, sin documentación, no podía acceder a las ofertas laborales que le habían llegado. «También te lo ponen difícil para tener la tarjeta sanitaria. Al final te la hacen, pero con muchas trabas», añade este joven.

Recuerdan que la vivienda es un derecho, pero también son conscientes de que la solución no llegará de un día para otro, por lo que añaden que, de mientras, se pongan en marcha otros servicios. «Es muy necesario disponer de lavabos públicos y gratuitos. Si vas, por ejemplo, al Mercat Central, tienes que pagar, si vas a un bar o cafetería, tienes que consumir. Es un problema», recuerda Sebastià. Otra medida que piden es que se habilite algún servicio de ambulancia que vigile, «porque es indignante que si no estás bajo cero, no nos den nada».

¿Mejor en prisión?

La situación es tan precaria en la calle que muchos admiten que «en prisión se está mejor». «No tenemos nada, no hay nada que perder, qué más da estar en prisión. Allí al menos tenemos techo y comida», dicen. Sergio, de 38 años es nacido en Madrid y, tras pasar por Salou, ahora vive en Reus. Por cuestión de drogas, ha estado en la cárcel y justo el pasado 11 de marzo quedó en libertad. Fue uno de los alojados en fondas «y ahora me han echado y me he quedado en la calle. Me da miedo lo que puedo llegar a hacer», dice cabizbajo. Detalla que antes vivía de okupa en una casa, pero estando en prisión, alguien la ha okupado de nuevo. «Que cojan los pisos de los bancos y los pongan a alquiler social. Nos ayudarían mucho», reclama.

Otro usuario de La Illeta, que prefiere mantenerse en el anonimato, recuerda que «la vida tiene que ser digna para todo el mundo». Su pasado está marcado por una situación familiar complicada y recuerda a su abuelo como su gran pilar. «Él era una persona de palabra, y le prometí que cambiaría y eso es lo que estoy haciendo. Hace cinco años que no consumo drogas, y desde entonces me siento mejor persona», relata. Este joven, aunque trabaja, sus ingresos son bajos y no le permiten alquilar un piso, por lo que ahora está de okupa con un grupo de personas, «y es una situación que me mata mucho por todo el ambiente que hay».

Hay también ejemplos de que han conseguido salir de la calle. Es el caso de Yolanda, de 50 años, que vivió con su pareja durante tres años en una barraca en Immaculada. Por suerte, un amigo de su marido le consiguió trabajo durante un año, lo que les permitió alquilar un piso. A pesar de todo, todavía recuerda con horror aquellos tres años: «Era horrible. El techo estaba parcialmente derrumbado y cuando llovía, se inundaba todo».

«Es un problema de primer orden»

Desde la concejalía de Benestar Social del Ayuntamiento de Reus se es muy consciente que la vivienda es un problema a resolver «y que la solución es más lenta de lo deseado». La concejala Montse Vilella reconoce que el parque público es exiguo. «La reivindicación es legítima. La vivienda puede ser un antes y un después para encontrar una salida», detalla. La solución pasa por ampliar el parque público de viviendas «e incentivar también a los privados», en la línea de las nuevas ayudas previstas en el plan de reactivación económica y social post Covid-19 de la ciudad de Reus, con las que cofinanciarán la rehabilitación de pisos para que, después, pasen a formar parte de dicho parque para, al menos, cinco años. Así, Vilella detalla que ya se está trabajando, «pero necesitamos de las otras administraciones», admite. La concejal recuerda que estas personas tienen que dirigirse a Serveis Socials, «donde se hace lo que se puede con los recursos existentes. La verdad es que se priorizan las familias donde hay menores».

En cuanto al albergue que pide el colectivo, Vilella recuerda que se está trabajando en la habilitación del Centre Social El Roser, que contará con camas, «pero serán únicamente para alojamientos temporales para casos muy concretos», recuerda la concejal, que añade: «Es un tema complejo. Todo el mundo tiene derecho a un hogar, y es una cuestión que no se ha resuelto correctamente».