El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
El Ayuntamiento de Reus abonará la paga extra de 2012 al personal laboral que trabaja en el consistorio y las sociedades municipales este mismo mes de marzo. Así lo aseguró el concejal de Hisenda, Joaquim Enrech, quien recuerda que la decisión sólo corresponde a los 44 días devengados de la paga extraordinaria y que vendría a representar, aproximadamente, una cuarta parte del total.
Esto es así porque el pleno municipal del pasado mes de febrero fue el que aprobó la modificación de crédito para dotar al presupuesto del Ayuntamiento y de los organismos autónomos municipales con los recursos necesarios para poder hacer frente a la paga extraordinaria. Paralelamente, el personal laboral del Ayuntamiento de Reus –compuesto por una plantilla de unos 250 trabajadores– presentó un recurso administrativo en los juzgados de la ciudad contra el consistorio para cobrar la paga adeudada desde hace más de dos años.
La sentencia del juez se dio a conocer hace unas semanas y falló a favor de los trabajadores al considerar que la supresión de la paga extra vulneraba el Convenio Internacional para la Protección de los derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Una sentencia parecida a las que ya se habían dictado con anterioridad en otros municipios del Estado y que fue celebrada por el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) que declaró que su resolución «añade más argumentos a la ilegalidad que significó la supresión de la paga extra».
En este sentido, Enrech puntualizó que la voluntad política expresada por el pleno ya era la de pagar las cantidades a expensas del resultado que tuviera el recurso en los juzgados. Con bastante anterioridad ya habían cobrado la paga extraordinaria los trabajadores de la empresa Aigües de Reus porque fueron los primeros que denunciaron los hechos ante el juez.
Cabe recordar que la orden de no abonar la extraordinaria de las navidades de 2012 vino marcada por el Gobierno Central vía Real Decreto -Ley 20/2012. Su incumplimiento podría haber acarreado medidas legales contra los consistorios.
