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Otro año, y ya van cuatro, el gobierno municipal de Reus no aprobará las ordenanzas municipales, es decir, los impuestos y tributos que deben pagar los ciudadanos. Según ha informado el concejal de Hisenda, Joaquim Enrech, el gobierno ha decidido prorrogar de nuevo las ordenanzas. "Eso quiere decir que no ningún impuesto subirá durante el 2019", decía Enrech.
La decisión se ha tomado a primera hora de la mañana, en la reunión de gobierno, aunque fuentes del mismo gobierno explican que hace días que la idea estaba sobre la mesa. Junto a la prórroga de las ordenanzas, la reunión también ha servido para acordar la prórroga de los presupuestos municipales.
"La buena gestión presupuestaria y los buenos resultados, con superávit y planificación acurada, permiten tomar esta decisión", explica el concejal de Hisenda, que añade que "se trata de una decisión que beneficia cláramente a los reusense y que permitirá garantizar la buena salud económica del consistorio".
Aún así, Enrech explica que la prórroga de ordenanzas y presupuestos responde a la "incapacidad de los grupos de pactar". Les acusa de no ceder durante las negociacions: "nosotros siempre hemos hecho bandera del diálogo, pero no podemos perder el tiempo en conversaciones estériles y escenificar un diálogo que no llevará a ninguna parte".
Como ejemplo, Enrech pone sobre la mesa los presupuestos aprobados en 2017 y 2018, cuando el alcalde tuvo que someterse a una cuestión de confianza para aprobarlos. Esta argucia jurídica permitió a Pellicer aprobar sus cuentas sin necesidad de transaccionar nada con los grupos de la oposición, ante la incapacidad de todos ellos de sumar una mayoría alternativa al actual gobierno.
El gobierno viste también la decisión ante "la motivación de los resultados económicos de los últimos ejercicios que avalan la gestión del gobierno". Explica que los presupuestos permitirán afrontar el 2019 con "solvencia y garantías" y priorizar los objetivos del mandato, que son "atender a las personas sin dejar de lado el fomento de la actividad económica".
"Hemos sido capaces de reducir la deuda en 200 millones, hemos mejorado sustancialmente el plazo de pago a proveedores, hemos incrementado las ayudas contra la pobreza energética y hemos reducido el precio de las viviendas de protección oficial que dependen del ayuntamiento".
Ante el incremento del gasto en sueldos en el consistorio, que asciende a 600.000 euros, consecuencia del incremento del 1,5% del salario impuesta por el gobierno español, fuentes del gobierno aseguran que podrá compensarse con movimientos internos del propio presupuesto.
