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Reus recurrirá al Tribunal Supremo la nulidad de la adhesión a la AMI

El pleno aprueba «agotar todas las medidas judiciales» para recurrir una sentencia que ya dictó el Contencioso Administrativo de Tarragona en 2017 y ratificó el TSJC en 2019 

Jordina Salvat/Cristina Valls

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En junio de 2017 se instalaron los carteles del AMI y, en menos de 48 horas, fueron pintados con banderas españolas.  FOTO: Alfredo González

En junio de 2017 se instalaron los carteles del AMI y, en menos de 48 horas, fueron pintados con banderas españolas. FOTO: Alfredo González

Reus no renuncia a formar parte de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y recurrirá al Tribunal Supremo la nulidad de la adhesión decretada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Así lo aprobó el pleno municipal de ayer con los 18 votos favorables del gobierno municipal (JuntsxReus, ERC y Ara Reus) y la CUP. «Consideramos que la sentencia es un ataque a la soberanía municipal», apuntó la vicealcaldesa de Reus, Noemí Llauradó, defendiendo que el acuerdo de adhesión tomada en 2015 se hizo con una «amplia mayoría absoluta del pleno».  

Este fue el punto que abrió un debate largo y tenso con dos posiciones muy contrastadas. «No entendemos que no nos podamos adherir, cuando es del todo legítimo», defendió Llauradó, que en esa línea anunció que desde el gobierno local «consideramos que tenemos que agotar todas las vías judiciales». Por su parte, la CUP, que dio su voto favorable, definió  la situación, a través de su concejal Edgar Fernàndez, como una «anomalía democrática» y apeló al consistorio y a la AMI a buscar alternativas de participación para «dejar de gastar dinero público para darse contra una pared como es la justicia española». 

«Estáis peleando por una causa perdida», les replicó Débora García, portavoz de Ciudadanos, defendiendo la sentencia, y pidió al gobierno local dejar de «utilizar medios económicos y humanos en un asunto que no va a prosperar». En ese aspecto, desde el Partit dels Socialistes de Catalunya, el portavoz del grupo municipal, Andreu Martín, criticó que se «primen intereses partidistas» y defendió que la independencia «no es competencia de la administración local» porque «en el mismo momento que se defiende, también se podría votar a favor de entrar en la Fundación Francisco Franco o la Associación del Rifle». La comparativa fue respondida por Noemí Llauradó con un «me hierve la sangre». 

La adhesión del Ayuntamiento de Reus a la AMI es algo que se reclama desde hace cinco años y que se paralizó por un recurso que en su día presentaron cuatro concejales de Ciudadanos, Societat Civil Catalana y la Associació Cívica i Cultural. Pero en 2017, el Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona anuló la adhesión del Ayuntamiento de Reus a la AMI por considerar que la afiliación del consistorio a una entidad soberanista sobrepasaba el ámbito de sus competencias locales. Una sentencia que fue pionera. Tanto el consistorio como la AMI recurrieron la sentencia al TSJC, pero el alto tribunal la ratificó en noviembre de 2019. Ahora, se presentará un recurso de casación contra la  sentencia al Tribunal Supremo. 

Menos IBI por placas solares

La sesión tuvo un cariz más amable en los demás puntos propuestos, donde el gobierno local, que cuenta con mayoría absoluta, sacó adelante todas sus propuestas y mociones. Así fue el caso de la modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y que permitirá bonificar entre el 30% y el 50%  del IBI, según el valor catastral y durante un periodo de dos años, a aquellas viviendas que instalen placas solares y que utilicen un mínimo del 30% de la potencia contrastada mediante sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.   Aunque la propuesta no recibió ningún voto en contra, la oposición  la calificó de insuficiente. «Entendemos que el alcance de la modificación es simbólica y no se ha tenido en cuenta el coste de la instalación», señaló Débora García. En esa misma línea se manifestó Mònica Pàmies, de la CUP, que valoró la medida como «un paso de hormiga», criticando que «no contempla la realidad de la ciudad, que vive en su mayoría en pisos y casas plurifamiliares». Por parte del PSC, Carmina Pozuelo coincidió con que la bonificación «no será determinante en la decisión de instalar placas solares. Lo harán los que ya tienen una conciencia medioambiental».  Ante ello, el concejal de Medi Ambient, Daniel Rubio, defendió que se trata de una medida «que reafirma el compromiso del Ayuntamiento por el impulso de la energía verde» y defendió el sistema explicando que «se ha elaborado con un ejercicio de medida económica». 

También se confirmó la nulidad de la tasa de las terrazas y los marchantes por la ocupación de la vía pública hasta el 30 de septiembre. Una medida que el gobierno local instauró con la aplicación del Estado de Alarma por la crisis del coronavirus. Además, el alcalde de Reus, Carles Pellicer, remarcó que «se están buscando soluciones para aquellos locales que no tengan terrazas y para garantizar el incremento del espacio poniendo el mismo número de mesas que antes de la restricciones de seguridad». Esta nulidad de tasas supondrá un coste de 104.000 euros: 40.500 por la exención de las licencias de las terrazas y 63.695 de los mercados ambulantes, tal y como se especifica en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus. Algo que, según la concejala de Hacienda, Mariluz Caballero, se puede llevar a cabo por el «saneamiento económico de las arcas municipales», que en 2019, dejaron un superávit de 3,1 millones de euros, como se apuntó en la  rendición de cuentas de la Liquidación del Presupuesto de 2019.

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