Tensión entre los vecinos de Vilafortuny y los okupas de la antigua residencia Montemar

Los vecinos de Vilafortuny exigen que se tomen medidas contra los okupas que se han instalado recientemente en la antigua residencia Montemar que dejó de funcionar en 2012. «El edificio está prácticamente en ruinas.

Puede traer muchísimos problemas y quieren traer a familias con niños. Hay problemas de ratas, de incendios...ha habido desprendimientos de balcones que se han caído al suelo. No hay ni escaleras por dentro, está fatal», explicaba una de las portavoces de los vecinos de Vilafortuny, Maria Muñiz. 

Ahora los vecinos han empezado a organizarse. Ayer por la tarde más de 40 personas se concentraron delante de la antigua residencia para hablar con los okupas y exigirles que paralizaran su «proyecto». El okupa se presentó como Jorge Fernández. Explicó que él es un activista que ha participado en distintos movimientos sociales y que además ha realizado hasta nueve huelgas de hambre a favor de los sin techo. 

La conversación se puso tensa en diversas ocasiones. Uno de los motivos fue la fecha de su llegada. Jorge les aseguró que llevaban desde el 15 de junio en el edificio pero los vecinos dicen que tan solo llevan dos días en el inmueble ya que empezaron a ver movimiento este pasado viernes. Ese mismo día los okupas colgaron un cartel de la fachada donde se podía leer: «Obra social, edifici dignitat». 

Otro de los okupas seguía la conversación desde el primer piso de la residencia. Los vecinos aseguran que ahora mismo habría entre tres y cuatro personas en la edificación. Jorge les explicó que su intención era limpiarla y arreglarla para que en el mes de agosto pudieran entrar a vivir las primeras familias. Su intención es acabar acogiendo a casi 50 familias con menores y otras 100 personas en desarraigo social. 

«Esto es un municipio donde todos pagamos nuestros impuestos para que tengamos una serie de equipamientos. ¿Usted está capacitado para pagar el IBI que corresponde a estos terrenos?», le reprochaba a gritos una vecina de la zona. 

Los vecinos le alertaron también de lo peligroso que puede llegar a ser el edificio por su mal estado. Y además ponían en duda que su proyecto social pueda llegar a ayudar a esas personas necesitadas: «Tenemos un serio problema allí referente al proyecto que quiere realizar.

Quieren acoger a 50 familias con problemas. Esta gente necesita la ayuda profesionales (...) Nosotros admiramos la buena fe por ayudar a los demás. Nosotros queremos ayudar a los demás, sin ninguna duda, pero se tiene que hacer de forma legal» explicaba Muñiz. 

En este sentido, otro de los vecinos presentes en el encuentro con Jorge, apuntaba que «nuestro sistema tiene mecanismos para cubrir esas necesidades (...) Con la excusa de dar un mejor futuro a unos niños, que es lo que nos ha dicho ese señor, entendemos que de una forma muy populista ya que el interior de esta instalación está hecha un desastre». 

Los vecinos han presentado varias quejas en la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) para exigir una solución. En este sentido aseguran que desde el Ayuntamiento no se han pronunciado al respecto. 

Medidas para frenarlo

Los residentes están estudiando distintas medidas para frenar la ocupación. La semana que viene tienen previsto interponer una demanda al juzgado por la peligrosidad y la insalubridad del edificio. Asimismo no descartan movilizaciones para forzar a las administraciones a solucionarlo. Y exigen que haya más presencia policial.

La plataforma Edifici Dignitat cuenta con una página web en la que los responsables explican su objetivo: «Reacondicionar una antigua y abandonada residencia de ancianos» para dar soluciones habitacionales a personas sin hogar, migrantes, colectivos y víctimas de violencia de género.

Para conseguirlo aseguran que necesitan  ayuda de la gente que quiera involucrarse en esta acción y por ello han iniciado una campaña de crowfunding de un euro al mes para recaudar el mayor importe posible. Los beneficios se destinarán a labores de desescombro, instalaciones, suministros y habitabilidad. Dicen que no se irán mientras no lo diga un juez. 

Los vecinos señalan que en su página web los okupas piden voluntarios para «enganches de luz y agua» y que quieren realizar «una reforma totalmente ilegal sin ningún permiso, sin ningún aval». 

La antigua residencia Montemar dejó de funcionar en 2012 y a partir de entonces se convirtió en epicentro de la dejadez y fue objeto de numerosos destrozos, además de punto de encuentro de vándalos. En 2014 el Ayuntamiento ordenó tapiar el edificio para evitar que nadie pudiera acceder.