El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
El Ayuntamiento de Salou ha presentado un contencioso administrativo contra su homónimo reusense. El motivo son unos cambios en la depuradora de Reus y sus barrancos que el consistorio quiere realizar aprovechando la canalización de las aguas de los polígonos industriales de la zona sudoeste. Y es que, desde el municipio salouense, consideran que esta actuación podría aumentar el caudal y la carga de agua residual que Reus transporta a través del Barranc de Barenys y que desemboca en la playa de Ponent.
El concejal de Medi Ambient de Reus, Dani Rubio, negaba este jueves rotundamente que las obras generen problemas al municipio vecino. Es más, aseguraba que el proyecto cuenta con el aval de los técnicos y que está a punto de empezar.
La existencia de este contencioso administrativo se conoció en el transcurso del pleno municipal cuando éste aprobó la designación de un procurador y un abogado para defender sus intereses en el juzgado. En la sesión se especificó que se trataba de un proyecto de mejora y saneamiento y se respetó la decisión del Ayuntamiento de Salou.
Cabe subrayar que en el último pleno celebrado en el municipio de costa, el alcalde Pere Granados, respondiendo a una pregunta del PP, confirmó la presentación del contencioso administrativo al no haber alcanzado ningún acuerdo. «Existen informes de técnicos de la casa que afirman que aumentara el caudal y la carga contaminante del barranco de Barenys y todo provocaría reboso en nuestras playas», aseguró el concejal popular de Salou Mario García.
El Estadi Municipal
El pleno también aprobó el pleigo de cláusulas, prescripciones técnicas y convocatoria de la licitación de la gestión y el uso del Estadi Municipal por un periodo de 25 años, prorrogables a un máximo de 40, y con un cánon de seis millones de euros de cara al periodo inicial. Una concesión que debería permitir la adecuación y modernización de las instalaciones adaptándolas al fútbol de alta competición.
Por otra parte, la sesión plenaria acordó por amplia mayoría, se abstuvo la CUP y el PP, el último trámite para que el Hospital Sant Joan de Reus quede exento de pagar el IBI. La medida, que ya se aplicará este año y de forma indefinida, es una de las que el gobierno municipal anunció con la intención de aligerar la carga económica del centro hospitalario. El IBI que paga anualmente paga el hospital ronda los 700.000 euros.
