Superávit, ¿Y por qué no nos devuelven nuestro dinero?

El Ayuntamiento de Reus cerró el año 2020 con un superávit de 5,5 millones de euros, de los cuales 2,8 millones son de libre disposición, mientras los 2,6 restantes están comprometidos en actuaciones pendientes de otros ejercicios. Así las cosas, lo siguiente es preguntarse qué va a hacer el gobierno municipal con esos 2,8 millones. O, dicho de otro modo, ¿qué piensa hacer el Ayuntamiento con nuestro dinero?

La cuestión requiere un matiz previo, ya que no todo el mundo comparte la teoría de que ese dinero es nuestro, es decir, de los contribuyentes. Especialmente en un país donde la vicepresidenta Carmen Calvo es autora de la célebre frase «estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie», pronunciada cuando era ministra de Cultura en el primer gobierno de Zapatero.

En mi opinión, el dinero público sí tiene dueños, que son los ciudadanos que pagan sus impuestos. Margaret Thatcher llegó a decir que «no existe tal cosa llamada dinero público, solo existe el dinero de los contribuyentes». Particularmente, me gusta más la argumentación de lo que existe es la gestión pública de un dinero privado, ya que procede de las personas y empresas que lo generan mediante el trabajo, la creación de riqueza y el consumo de bienes y servicios.

2,8 millones

Hecha esta puntualización, volvamos al destino que debería dársele al superávit del presupuesto municipal. Ya que ese dinero no resulta necesario para cumplir con las actuaciones aprobadas y programadas, lo lógico sería que lo devolvieran. Pero retornarlo al bolsillo de los ciudadanos es una opción descartada de antemano por la mayoría de nuestros políticos. Lo habitual es pensar en cómo gastarlo.

Así lo ha hecho el Ayuntamiento de Reus. El pleno municipal del pasado jueves aprobó que de los 2,8 millones de remanente, un millón se destinará al plan de reactivación económica y social y 1,8 millones irán al plan de inversiones.

Tanto el alcalde Pellicer como la concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, destacaron que el cierre con superávit del ejercicio 2020 corrobora el saneamiento de las finanzas municipales y la mejora de todos los indicadores de solvencia, con la reducción del endeudamiento a la cabeza.

En el debate, sólo el portavoz del PSC, Andreu Martín, apuntó la idea que este balance positivo podría permitir la reversión de alguna de las fuertes subidas de impuestos aprobadas hace año y medio. Caballero no sólo rechazó de plano la sugerencia, recordando que los tributos municipales habían estado ocho años congelados, sino que la tildó de populista. El mundo al revés. El PSC planteando propuestas de corte liberal como bajar impuestos y el PDeCAT defendiendo políticas más propias de la izquierda como el incremento de la presión fiscal.

Calificar de populista la reflexión de Martín fue lo menos atinado de la respuesta de la concejal de Hacienda. No son pocos los economistas que sostienen que poner el dinero a disposición de la ciudadanía es la más efectiva de las medidas de ayudas públicas y estímulos fiscales para la recuperación económica. Recordemos, por ejemplo, que el primer objetivo de los paquetes de ayudas aprobados en EEUU es hacer llegar dinero directamente a las familias mediante el envío de cheques, y que estos programas incluyen también ayudas para pagar alquileres, hipotecas y facturas de agua, gas y electricidad.

De hecho, una de las medidas más exitosas del plan de reactivación promovido por el Ayuntamiento de Reus ha ido en la misma dirección: los bonos puestos a disposición de los residentes en la ciudad para gastarlos en los comercios locales como pago de una parte del coste de la compra.

Si obviamos la dimensión y atendemos al concepto, de los bonos reusenses a los cheques americanos solo hay un par de pasos. Igual que entre los citados bonos y apostar por reducir la factura que pagan los reusenses por las tasas e impuestos más generalistas, que sería la fórmula más ortodoxa de devolver a los contribuyentes el dinero del superávit presupuestario.

En este sentido, el Ayuntamiento podría aprovechar su buen balance económico para eliminar o moderar la recaudación por la muerte de sus vecinos. Me refiero al impuesto de la plusvalía municipal que pagan los herederos por la transmisión de las propiedades de los fallecidos. Además de confiscatorio es potestativo, es decir, que cada consistorio decide si cobrarlo o no. Reus lo aplica y con el tipo máximo. Será ilustrativo ver cuánto han aumentado los ingresos gracias a la Covid.