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El Juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona ha admitido a trámite el recurso de Ciudadanos contra el gobierno municipal de Reus por no haberse reducido el sueldo aunque así se aprobó en el pleno.
La vista dónde se dirimirá el asunto tendrá lugar el 21 de mayo de 2019, muy cerca de las elecciones municipales, previstas para el 9 de junio.
El partido de Juan Carlos Sánchez presentó una moción en abril del 2016 para rebajar el salario del alcalde y los miembros del gobierno.
Consideraban que el sueldo de 75.000 euros brutos al año del alcalde era desproporcionado, al igual que la horquilla que se fijó para los regidores de gobierno, de entre 68.500 y 74.500 euros brutos anuales.
La moción obtuvo el apoyo de todos los grupos de la oposición, que son mayoría en la Plaça del Mercadal. Así pues, la CUP, el PSC y el Partido Popular, consideraron, al igual que Ciudadanos, que los miembros del gobierno municipal recibían sueldos por encima de lo necesario.
La propuesta aprobada fijaba un nuevo salario para el alcalde, de 65.000 euros brutos anuales y una retribución máxima para los concejales de entre 50.000 y 53.000 euros brutos al año. Una propuesta que, según Cs, equipararía los sueldos en el Ayuntamiento a los de Tarragona, Sabadell o Terrassa.
Sin respuesta
Ciudadanos comprobó en 2017 que no se había efectuado la rebaja de sueldos pactada en el pleno y instó por escrito en dos ocasiones a que se procediera a ello.
Juan Carlos Sánchez asegura al Diari que «el alcalde ni ha contestado a los requerimientos, ni tampoco ha hecho frente a las correcciones y reducciones de sueldo acordadas por el Pleno de la Corporación».
Por todo ello el partido presentó un recurso al contencioso administrativo de Tarragona, redactado por el abogado del partido en Reus, Rodrigo Fernández.
Él mismo argumenta en la demanda que «es el pleno el que tiene competencias para fijar los sueldos», una tesis que también recuerda Sánchez: «las retribuciones son competencia directa del pleno, y si el alcalde y sus concejales de gobierno no se han bajado el sueldo es porque no han querido».
Ciudadanos va más allá, y considera que se ha cometido un «presunto caso de malversación de fondos públicos».
Calculan que la medida hubiera significado un ahorro de 200.000 euros anuales, lo que ya conllevaría «400.000 euros que los vecinos y vecinas de Reus no habríamos pagado si se cumplieran los acuerdos de gobierno».
Si el juez les da la razón esperan que pueda aplicarse la medida con carácter retroactivo, y que los concejales «devuelvan el dinero».
Críticas de Pellicer a la oposición
Juan Carlos Sánchez critica lo que considera un «cinismo abrumador» del alcalde. Y es que la noticia llega una semana después que Pellicer recriminara a los concejales de la oposición que «no les importa la ciudad. Solo critican y cobran a final de mes, eso sí».
Sánchez tilda «de risa» las acusaciones del alcalde y asegura que «no hemos venido a ganar dinero. De hecho, aquí perdemos dinero». El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos asegura que los concejales en la oposición «estamos dejando de lado nuestros trabajos y ocupaciones para dedicar horas y horas a ejercer de oposición».
Informe de los técnicos
El gobierno local, consultado por esta redacción, evita hacer ningún pronunciamiento. Sí que es cierto que sus principales responsables siempre han esgrimido que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) define que las mociones son mandatos políticos, y que en ningún caso son acuerdos ejecutivos.
Una tesis soportada sobre un informe que redactaron los técnicos de la secretaría general del Ayuntamiento y la intervención municipal.
De hecho, en su momento, Pellicer criticó de demagógica la propuesta de Ciudadanos y explicó que «la responsabilidad que conlleva el cargo de alcalde merece estar remunerado».
