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El Ayuntamiento de Reus celebraba la semana pasada su segundo pleno municipal. Una situación bien distinta a la de las empresas municipales, donde hasta la fecha todavía queda alguna por constituir. Una de las que ya está formada es la sociedad Hospital Sant Joan de Reus, cuyo final está anunciado para diciembre de este año, siempre y cuando se cumpla el calendario previsto.
El concejal de Salut y presidente de la sociedad, Òscar Subirats, ratificaba el viernes que la empresa de derecho público (EDP) creada por el CatSalut cogerá las riendas de la gestión del hospital justo antes de terminar el 2019. Será la primera vez que el modelo societario de la ciudad se quede sin hospital y sin sanidad. Una situación que supondrá un balón de oxígeno para las finanzas del ayuntamiento, temerosas de que el desbocado déficit del Sant Joan las resquebrajara.
No en vano, el otrora buque insignia del consistorio, el Grup Salut, será la primera vez que no figure en la estructura societaria. Desde el gobierno municipal aseguran que su adiós no tendrá afectaciones negativas en las arcas municipales a pesar de reconocer la complejidad de la operación. Así se resumen las palabras de la concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, respondiendo a una pregunta del PSC, incrédulo ante la nula afectación que tendrá la operación. El caso es que, aún sin tener conocimiento del acuerdo con el CatSalut, desde la concejalía de Hacienda rechazan que el ratio de endeudamiento supere los límites prohibidos (110%).
Éste es un tema delicado, teniendo en cuenta que entre los años 2011 al 2015 constantemente se hablaba de este indicador. Los datos consultados sitúan en estos momentos la deuda del ayuntamiento con las entidades bancarias en 209,85 millones de euros, con una ratio legal permitida del 61%. Pero a pesar de la importante reducción en la deuda – 196 millones en siete años– la realidad es que Reus repite como la ciudad catalana con más deuda por habitante. Ésta, según una información del diario Expansión, era al cierre de 2018 de 1.608,40€.
Por otra parte, la concejal también explica que la marcha del hospital no afectará a los otros bienes (sociedades municipales) del consistorio. A pesar de garantizar la estabilidad presupuestaria, Caballero dijo que «trabajamos una postura más conservadora hasta que se haya creado la empresa de derecho público». Al parecer, hasta que no esté constituida no se podrán realizar ajustes.
