Un vecino de Reus demanda a la Generalitat por la obligatoriedad de llevar mascarilla

Un vecino de Reus ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con el fin de dejar sin efecto la obligatoriedad de llevar la mascarilla aprobada por el Govern de la Generalitat. Interpuesta este mismo martes, reclama al TSJC que deje cautelarmente sin efecto el apartado segundo de la resolución publicada en el DOGC el pasado día 9, referente al régimen sancionador por su incumplimiento, ante la falta de concreción desde el punto de vista jurídico. El abogado del demandante, Albert Calduch, argumenta que la norma publicada por el Govern no determina en ningún momento que el importe de las sanciones será de 100 euros ni precisa en base a qué ley se aplicará cuando remite al "régimen sancionador de acuerdo con la legislación sectorial aplicable ".

Según ha explicado el letrado, el demandante es un vecino de Reus con un hijo de un año y que vive en un piso de dimensiones reducidas. Esta situación, apunta, hace que tenga que salir habitualmente a la vía pública y, una vez allí, la obligación de llevar la mascarilla no le permite respirar adecuadamente. Según ha precisado, el vecino de Reus no ha sido, hasta este momento, sancionado por el incumplimiento de la medida y le pidió posibles soluciones legales a este escenario.

Calduch sostiene que, sin entrar en el debate las medidas sanitarias, la resolución 1648/2020 firmada por la consellera de Salut, Alba Vergés, y el conseller de Interior, Miquel Buch, colisiona jurídicamente con derechos fundamentales como el de la libre circulación y el derecho a determinar la propia imagen. Precisa que la demanda no se dirige contra las personas que lleven mascarilla o para impedir su uso. "Quien quiera que la lleve, pero quien no quiera porque le cuesta respirar o le molesta no lo pueden sancionar por este motivo", argumenta.

Él mismo subraya que el aspecto más flagrante se sitúa en el terreno de la concreción de las sanciones que se derivan, que atribuye a una "mala técnica legislativa". "Cuando uno establece un régimen sancionador debe decir en base a qué norma con rango de ley una conducta pasar a ser infracción", ha apuntado, recordando que esta fórmula no permite conocer si se trata de la legislación sanitaria, de seguridad ciudadana o otra ley.

Critica que el Govern termine marcando la cifra de 100 euros en una rueda de prensa pero que no haya quedado plasmada en la resolución. En este sentido, cree que tampoco es válida la referencia al Real Decreto Ley 21/2020 del Gobierno, que regula el uso de la mascarilla en espacios públicos, para fundamentar este régimen sancionador. "La resolución no dice que debe ser sancionable ir por la vía pública sin mascarilla cuando se puede mantener la distancia de seguridad. Esta resolución, de rango muy inferior, va mucho más allá. Es una técnica legislativa que no es aceptable", apunta .

"La Generalitat no puede sancionar a la gente que no lleva mascarilla en estos ámbitos que recoge la resolución: la vía pública, los espacios en el aire libre y cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando, y este es el matiz, se pueda mantener la distancia de seguridad que, en este caso, no podría dar lugar a sanción porque no hay ningún riesgo para la salud de los demás ", concluye el abogado.