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Una actuación judicial y policial no admisible

Operación Estela. Tras tres años investigación, el TSJC considera que no se han concretado «indicios relevantes» contra los detenidos

Josep Cruset

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Mayo de 2018. Una columna de la Policía Nacional trasladó a pie a la detenida por el centro de Reus. foto: Sílvia Jardí/ACN

Mayo de 2018. Una columna de la Policía Nacional trasladó a pie a la detenida por el centro de Reus. foto: Sílvia Jardí/ACN

Esta semana, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha devuelto al juez de instrucción la causa contra el diputado Francesc de Dalmases por el cobro de supuestas subvenciones irregulares a través de la Diputació de Barcelona. Los magistrados argumentan que no pueden admitir el caso y procesarle porque no se han concretado «indicios relevantes contra el aforado» ni se ha «individualizado» cuál sería su presunto comportamiento delictivo. Tres años después de ordenarse una treintena de detenciones, entre ellos numerosos altos cargos, el TSJC considera que la investigación es embrionaria, constata falta de referencias a los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias e indefinición sobre cuál es el presunto delito.

Los informes iniciales de la Policía Nacional advertían que el diputado de JxCat habría obtenido 320.000 euros para las fundaciones CatMon e Ingman sin que estuviese claro el destino de los fondos. El TSJC reprocha ahora al juez de instrucción que en estos tres años no se haya comprobado «si efectivamente respecto de cada una de las subvenciones se concluyeron y se justificaron los trabajos». Por todo ello, no admite asumir la investigación contra Dalmases y sus principales colaboradores, entre ellos el reusense Víctor Terradellas, presidente de CatMon y exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya.

Varapalo a la instrucción

El TSJC se limita a devolver la investigación al juzgado de instrucción 1 de Barcelona por incompleta, pero el varapalo para el juez Joaquín Aguirre es severo. Recordemos que por esta causa «poco concreta y embrionaria», Aguirre ordenó en mayo de 2018 las detenciones, entre otras, de Terradellas y su esposa, Judit Aixalà.

La escenificación de ambas, que ya pareció desproporcionada en aquel momento, resulta inadmisible –por seguir utilizando el mismo verbo– ante la evidencia de que ni entonces ni ahora la policía ha sido capaz de aportar «indicios relevantes» de delito. Especialmente vergonzante fue el arresto de Aixalà, que fue paseada a pie por el centro de Reus rodeada por una columna de la Policía Nacional, en una imagen propia de otros tiempos y otros regímenes.

La oleada de detenciones se produjo pocos meses después de los hechos de octubre de 2017. Si bien las investigaciones no tenían una relación directa con el procès, la parafernalia del operativo, los nombres y cargos de los imputados y todo lo que ha venido después hacen imposible no relacionar la Operación Estela con la causa general de los poderes del Estado contra el movimiento independentista.

Desde hace años conocemos la existencia de una trama policial dedicada a la guerra sucia para frenar el proceso soberanista, bautizada como policía patriótica u operación Cataluña, que comenzó a operar con el ascenso al poder del PP de Mariano Rajoy. La evidencia más grosera la proporcionaron las grabaciones donde se escuchaba al juez De Alfonso, por entonces director de la Oficina Antifrau de Catalunya, jactarse ante el ministro Jorge Fernández Díaz de haber destruido el sistema sanitario catalán mediante denuncias y detenciones por corrupción, mientras el ministro del Interior le pedía más presión contra el independentismo con aquella célebre frase de «esto la Fiscalía te lo afina».

Operaciones de descrédito

Con estos precedentes, y los de detenciones por terrorismo y rebelión que han quedado en nada después de constatarse que las acusaciones se basaban en nimiedades, sólo cabe extremar la prudencia sobre la Operación Estela, por más que el juez esté en condiciones de afirmar que el modus vivendi de Dalmases y Terradellas era la gestión de dinero procedente de subvenciones públicas.

Recordemos también que la intervención de los diarios y el teléfono de Terradellas, del que se gravaron menciones a supuestas conexiones rusas, desencadenó la Operación Volhov. El juez se basó en dichos contenidos para monitorizar móviles y coches de dirigentes históricos de CDC y ERC que formaron el estado mayor del procès. Más allá de la disparatada referencia a diez mil soldados rusos que vendrían a apoyar la independencia catalana, el sumario incluye horas de conversaciones privadas que nada tienen que ver con los hechos investigados, pero fueron igualmente divulgadas. La sombra de que denigrar y desacreditar a personas e ideas era más importante que aportar pruebas planea sobre ambos casos.

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