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Una estación encarrilada, un consenso fructífero

Munta i Baixa. La luz verde de Adif al apeadero de Bellissens es una de las primeras concreciones sobre el incierto futuro ferroviario de la ciudad

Josep Cruset

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Josep Cruset.

Josep Cruset.

Las buenas noticias lo son algo más en los tiempos en que van escasas. Y el hecho de que el Ministerio de Transporte haya dado la luz verde inicial a la estación de tren de Bellissens lo es y mucho, aunque su plasmación quede aún lejana y llegue en un momento donde toda la atención ciudadana está puesta en la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias. 

La relación de Reus con el ferrocarril siempre ha sido compleja, como lo demuestra que Bellissens será la quinta estación en la historia de la ciudad. Y la sexta, la del Aeropuerto, aún espera su turno. Explicar la evolución de todas esas estaciones, líneas y cambios de trazado dentro y fuera del casco urbano necesitaría un capítulo aparte cuyo final sigue abierto, porque está pendiente de aclarar cómo será la conexión de Reus con el nuevo Corredor del Mediterráneo, la alta velocidad y el ancho de vía europeo, con el futuro tranvía del Camp de Tarragona... Así las cosas, Bellissens es una de las primeras concreciones en la todavía incierta perspectiva ferroviaria de la ciudad.

Imagen virtual de la futura estación de Belissens, según los estudios promovidos por la Generalitat. FOTO: Cedida

En cualquier caso, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado que el estudio de demanda de la estación de Bellissens es positivo, que su potencial es alto y que su impacto en la movilidad es beneficioso tanto desde la perspectiva económica como medioambiental. Todo lo cual avala la larga reivindicación de esta infraestructura desde todos los sectores de la ciudad, ya que su ubicación en el sur del casco urbano junto al hospital y la universidad no compite con la actual estación del paseo Mata sino que genera una demanda propia y atrae nuevos pasajeros. Si ya todos los estudios concluyen que prestará un servicio necesario y provechoso, debería materializarse sin dilaciones.

El asunto también tiene una lectura política positiva, porque es el primer fruto del consenso en materia de infraestructuras alcanzado el pasado mes de febrero entre el gobierno municipal (Junts per Reus, ERC y Ara Reus) con el PSC, primer partido de la oposición. Cuando los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas son más necesarios que nunca para superar la grave crisis desatada por el coronavirus, es importante que se visibilice su utilidad. 

Pero no todo han sido éxitos para el Ayuntamiento en materia de movilidad en los últimos días. Una medida que pretendía favorecer la distancia social para la prevención del Covid-19 como la peatonalización en horario de mayor concurrencia (de 18:30 a 21:30 horas) de dos carriles de la avenida Sant Jordi –junto a otras tres calles–, se ha convertido en una pifia velada que ha obligado al consistorio a rectificar. Aparte de su escaso uso por parte de los viandantes, el corte de esos dos carriles desde la rotonda de la Fira dificultaba el acceso al parking de la  plaza de la Llibertat, obligando a los conductores a dar un rodeo y complicaba la vida a aquellos que vienen de otras localidades y no están familiarizados con las rutas alternativas.

Habida cuenta que el parking de la Llibertat es una infraestructura vital para el comercio del centro de la ciudad, las quejas de los comerciantes por semejante impedimento y su escaso sentido práctico no tardaron en llegar al Ayuntamiento, que optó por eliminarlo. Si, además de facilitar la distancia de seguridad entre personas en la vía pública, constituía una prueba piloto para futuras revisiones del plan de movilidad, la experiencia de la avenida Sant Jordi ha dado resultado negativa, al menos formulada como un simple corte del tráfico en dirección a la plaza de la Llibertat.

Verano sin piscinas municipales

Una vez superados los momentos más críticos de la emergencia sanitaria, el tránsito hacia la nueva normalidad ha abierto también la veda a la contestación de algunas medidas adoptadas por el gobierno municipal. Una de las grietas políticas se ha producido por la decisión de no abrir las piscinas municipales del Parc dels Capellans este verano «ante la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar contagios de la Covid-19».

El PSC y la CUP la han criticado abiertamente, en especial el argumento de que «su forma ovalada, sin carriles ni delimitaciones, con dunas y rodeada de césped, hace prácticamente imposible poder controlar el aforo y el cumplimiento de la distancia de seguridad, a diferencia de una piscina rectangular con carriles».

Como el razonamiento no se sostiene, sobre todo si se compara con los criterios que se aplican en cualquier otro espacio público de la ciudad o con lo que hacen otras ciudades con piscinas de este tipo, cabe suponer que las motivaciones son otras. La más verosímil es el coste económico, ya que abrir las piscinas con aforo reducido hunde su rentabilidad.

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