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El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus mantiene la imputación a la exdirectora financiera de Innova, Ester Ventura, por cinco presuntos delitos y le impone una fianza de responsabilidad civil de 1.548.000 euros. El juez también desestima sobreseer la causa contra Ventura – tal y como había solicitado su abogado– porque habría permitido que se contratara y pagaran las facturas del arquitecto Jorge Batesteza sin cumplir los mecanismos de control de la administración pública. El caso relacionado con Ester Ventura forma parte de la pieza número 2 de la macro causa Innova que gira alrededor de Batesteza y su participación en las obras del nuevo Hospital de Reus.
En el auto dictado por el juez, éste recrimina a Ventura que declarara que no tenía ningún control sobre las facturas ni sus pagos a pesar de ostentar un cargo en el que se debe «defender y respetar» los intereses públicos. Y es que el magistrado considera a la imputada como «uno de los pilares fundamentales de Innova».
Especialmente relevante son los extractos que el propio juez recupera de las declaraciones del exdirector general de Innova, Josep Prat, del exalcalde Lluís Miquel Pérez y del interventor municipal Baldomero Rovira. Todos ellos apuntan hacia Ventura como la persona encargada de controlar las cuentas del holding municipal. Entre las citas, destaca la del exalcalde Pérez quien apuntó que «las personas que debían realizar el control de que esa contratación (refiriéndose a Batesteza) fuera correcta eran Prat, Natàlia Torrell y Ester Ventura».
La interlocutoria también recuerda el cuestionario CEINSA, que la propia imputada rellenó, asegurando que sus tareas eran las de «control interno como grupo de empresas». También reprueba que, en el intento de minimizar sus responsabilidades y justificar su pérdida de funciones, no se viera alterado el sueldo. «Lejos de cobrar menos por hacer menos funciones (como sería lógico), desde entonces cobró más (casi 100.000 euros anuales)».
Finalmente, el juez considera que «existen elementos de peso suficientes para atribuir responsabilidades a Ventura» en la comisión de unos presuntos delitos que su defensa «no niega» pero que si «alega la no participación de la imputada en los mismos».
En esta pieza, Ventura está imputada por cinco presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y de omisión del deber de perseguir delitos por funcionario público. En cuanto a la fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros, la astronómica cantidad surge de sumar el presunto prejuicio económico causado y las cuantías de las sanciones que marca la ley por estos supuestos delitos, más un tercio del total resultante.
