Vecinos de Reus crean grupos de vigilancia hartos de una creciente okupación

«Hay un grupo organizado que se dedica a vigilar las viviendas. A la que quedan vacías, tardan poco y menos en ocuparlas», explica un vecino del barrio Gaudí, presidente de una comunidad habituada a tratar con la «ocupación problemática». Nos guía hacia el bloque rojo característico de la zona, dónde en menos de tres meses, la comunidad de vecinos ha logrado evitar que varias personas se apoderaran de cuatro viviendas vacías.

«Nos daría igual si se tratara de familias necesitadas, o si se hablara con la comunidad, pero este grupo opera sin pensar en los demás, crean destrozos, nos amenazan y ponen en peligro al vecindario con las conexiones ilegales», señala la vecina del piso que este martes estaban tapiando, por segunda vez. Se trata de la casa de un hombre hospitalizado desde hace varios meses y al que han tenido que tapiar la entrada principal y la exterior, que conecta con un balcón a pie de calle en una primera planta. Gracias a la organización de los vecinos de las comunidades colindantes ya se han logrado frenar cinco ocupaciones. Todo esto, en dos meses.

En este barrio del norte de Reus los pisos ocupados ilegalmente no han parado de aumentar. Es por ello que los vecinos han decidido organizarse. «Hemos creado grupos en WhatsApp dónde alertamos de cualquier ruido o movimiento sospechoso», explican, señalando que, cuando alguien va a estar una temporada fuera de casa, avisa al grupo para que estén alerta a cualquier indicio. «No nos iremos de este barrio, es nuestro hogar, así que hay que buscar fórmulas de intentar vivir lo más tranquilos posibles», señala el presidente de la comunidad, que considera que no se trata de un problema de falta de seguridad, sino de una crisis global.

Un problema en el centro

El centro tampoco escapa de la problemática. A pesar del empuje reformista de los últimos años, son muchas las calles que acumulan edificios en estado ruinoso. Ya sea porque sus propietarios se han ido a vivir a otra zona o porque han recaído en manos de entidades bancarias, la realidad es que son viviendas que llevan años abandonadas y que se han convertido en foco de problemas. La mayoría relacionadas con su ocupación ilegal y los conflictos de convivencia que generan con los vecinos, que se organizan para tapiar ellos mismos las entradas.

Uno de los últimos casos lo encontramos en la céntrica calle Sant Vicenç. Allí, los vecinos manifiestan estar hartos de los reiterados problemas que ocasionan las personas que viven en algunos de los edificios abandonados. Aseguran que son problemáticos y que ya han causado más de un incidente. Uno de los más graves tuvo lugar el pasado 12 de enero. Ese día, la compañía eléctrica se disponía a cambiar la línea de electricidad de la calle cuando una sobretensión dejó a una quincena de residentes sin luz y con los electrodomésticos fundidos. Según los propios afectados, algunos todavía con trámites con las aseguradoras, tras lo ocurrido los operarios descubrieron empalmes ilegales a la red eléctrica. Una situación, añaden, que sigue igual a día de hoy a pesar de haber actuado ya en más de una ocasión para bloquear las conexiones fraudulentas.

En la calle Sant Vicenç hay tres viviendas okupadas y otras han sido tapiadas

Calculan que son tres las viviendas ocupadas en esta calle, siendo la que hace esquina con la calle de Joan Rofes Miret, que dicen es propiedad de una entidad bancaria, una de las más problemáticas. Otros edificios que eran foco de problemas han sido tapiados y de momento están vacíos. Los residentes afirman que han presenciado problemas de drogas con alguno de los ocupantes y que estos, en alguna ocasión, se han encarado tanto a ellos como a la policía.

Los vecinos también explican que han denunciado a la policía en más de una ocasión la problemática que padecen con los ocupas. De hecho, hasta han colaborado con la Guàrdia Urbana en tareas de vigilancia. En este sentido, quieren agradecer la colaboración y el trabajo del cuerpo policial aunque lamentan que no se pueda actuar con más determinación para erradicar este tipo de ocupaciones. También piden alguna solución para que esta parte de la calle no siga deteriorándose teniendo en cuenta, además, que antes del estallido de la Covid era muy visitada por grupos de turistas por albergar la casa natal del arquitecto Antoni Gaudí.

El barrio del Carme

El Carme es otro de los barrios en los que, desde hace años, se está viviendo de forma más intensa la problemática que genera la ocupación. Según los vecinos, hay unos 150 pisos vacíos y de estos una cincuentena estarían ocupados ilegalmente. Este hecho les ha ocasionado, reiteradas veces, problemas en las comunidades y en las viviendas. El último capítulo más sonado ocurrió en noviembre del año pasado, con el incendio de un bloque de la calle Sant Antoni. Un accidente provocado por un okupa que manipulaba los contadores para pinchar la electricidad. Este comportó el desalojo de los habitantes del edificio, aún en reconstrucción.

En el Carme plantearon patrullar ellos mismos las calles para evitar okupaciones

El presidente de la Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, deja claro que «lo entendemos cuando se trata de una cuestión de necesidad», pero subraya que «lo que no toleramos son las amenazas y agresiones a vecinos. Eso sí que no». Los vecinos del Carme también se han enfrentado directamente a okupas y han procedido a tapiar viviendas para echarlos. «Ahora parece que estamos más tranquilos y como vecinos no hemos tenido que actuar», relata Machado, que remarca que sólo lo harán en caso de necesidad y cuando haya problemas directamente con vecinos. «Sino, mantenemos el contacto directo con Guàrdia Urbana y Mossos. Si vemos algún intento de entrar en un vivienda, llamamos a la policía y vienen con rapidez», explica. Aun así, recalca que el problema persiste, ahora, centradas, sobre todo, en la calle Baix del Carme, donde, según explica, se están produciendo peleas, «incluso con cuchillos».

Lo que valora muy positivamente el presidente vecinal es la relación con los cuerpos policiales. «Recientemente mantuvimos una reunión con la concejala de Seguretat Ciutadana, Dolors Vázquez, y Guàrdia Urbana para acercar posturas. Somos conscientes que se tiene que seguir la ley y es muy lenta, pero son los vecinos los que sufren los okupas problemáticos...», recuerda. Según Machado, los agentes de Guàrdia Urbana son «muy receptivos», y pone como ejemplo que, recientemente, un vecino que detectó a una persona intentando ocupar una vivienda, «hizo algunas fotos, llamó a la policía y se pudo evitar».

Las medidas municipales

Desde el Ayuntamiento de Reus asumen el problema de la vivienda en la ciudad. De hecho, indican que el consistorio ha reclamado un pacto estatal o nacional de la vivienda, ya que el margen de maniobra de los consistorios consideran que es limitado tanto en el ámbito competencial como de recursos. Aun así, el consistorio tiene cuatro líneas básicas de actuación: la planificación, la prevención, la detección y denuncia de ocupaciones ilegales y conflictivas y el trato de los casos de vulnerabilidad.

En el Consell Municipal de l’Habitatge -iniciado en junio de 2020- se planifican políticas de vivienda y uno de los temas que han iniciado a trabajar es, precisamente, la gestión municipal de las ocupaciones ilegales. Sin embargo, en los casos como los anteriormente narrados, el protocolo municipal implica las concejalías de Seguretat, Urbanisme y Benestar social. En ese aspecto, se realiza una campaña, asesoramiento y acompañamiento a las entidades vecinales para mentalizar de la importancia de los propios vecinos a la hora de evitar ocupaciones ilegales y hacerles frente. En caso de ocupación, explican, el titular de la vivienda tiene que ponerlo en conocimiento de un juez. Por su parte, la Guardia Urbana puede actuar cuando tiene conocimientos de que en esa vivienda se producen hechos delictivos y para garantizar la convivencia.