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La historia del despacho Emilio Ortiz Abogados se remonta nueve años atrás, tiempo suficiente para que el letrado Emilio Ortiz, además de ser presidente de la Asociación de afectados por prótesis defectuosas, haya adquirido la experiencia necesaria para afirmar que «las empresas de prótesis tienen los medios económicos para velar por la seguridad de las personas y la calidad de los implantes». El despacho de abogados está especializado en este tipo de causas contra empresas fabricantes de prótesis.
Actualmente la empresa reusense de prótesis Traiber se encuentra en el foco de la polémica, después de que el juez que instruye el caso Innova, Diego Álvarez de Juan, investigue la venta de prótesis en mal estado al Hospital Sant Joan de Reus. A raíz de ello se ha sabido esta semana que más de 6.000 pacientes están bajo vigilancia en España y que la alerta también es de ámbito internacional, ya que la compañía reusense desarrollaba una importante actividad exportadora en países del extranjero.
A raíz de conocerse el caso de Traiber, Emilio Ortiz ya ha recibido varias llamadas de afectados por las prótesis de la empresa de Reus, interesándose por sus servicios. El abogado está interesado en reunir lo antes posible al mayor número de afectados por los implantes de la compañía con el objetivo de iniciar una acción conjunta, así como las reclamaciones oportunas.
Controles de calidad
Refiriéndose a la compañía Traiber, Ortiz asegura que «me imagino que la empresa habría presentado los controles de calidad, pero me cuesta creer que realmente se hicieran en profundidad para detectar si adolecían de defectos».
Si bien la comunidad europea exige determinados controles sobre los implantes (que se recogen en la Directiva 93/42/CEE), el letrado considera que «a día de hoy estos son insuficientes como demuestran los pacientes que han tenido problemas con las prótesis, ya sea de Traiber u otras empresas que se dedican a la comercialización de implantes». Emilio Ortiz critica que en la mayoría de ocasiones «las empresas de prótesis se limitan a demostrar que cuentan con el certificado europeo, pero este no es una garantía total». Por esta razón, se muestra contrariado con la directiva europea, ya que según asegura «la normativa obliga a hacer controles aleatorios de las prótesis, a pesar de que se fabrican una por una. Lo que se tendría que hacer es verificar todas las piezas de cada serie una por una, y no aleatoriamente».
En su opinión, el control de calidad también mejoraría «con la intervención de profesionales de la función pública que no tengan ningún interés en determinados productos para obtener un beneficio económico, sino que velen por la seguridad de las personas y no por obtener mayores rendimientos económicos».
Evaluación de expertos
El despacho cuenta con la colaboración de diferentes instituciones, como la Universidad Politécnica de Catalunya, que según Ortiz tiene a «los mejores expertos en lo que se refiere a la evaluación de elementos protésicos de Europa». De hecho, tal y como publicó el Diari en su edición del sábado 9 de mayo, el Departament de Ciència dels materials i Enginyeria Metal·lúrgica fue el encargado de redactar un informe pericial sobre la prótesis implantada al paciente Francisco Niella, vecino de Sant Vicenç dels Horts, que logró demostrar el mal estado del implante de Traiber y fue indemnizado con 19.000 euros. El dossier concluía que «la rotura de la prótesis se produjo por un proceso de fatiga y que su inicio fue coincidente con las marcas creadas por el grabado láser para codificar la prótesis».
A raíz de las personas que ha representado en estos últimos años, Emilio Ortiz es conocedor de las complicaciones que acarrea para el paciente sustituir una prótesis en mal estado.
«Arrancar un vástago que llega dos o tres años colocado en una persona es una cirugía muy agresiva, a pesar de que existen grandes profesionales especializados. Es como cuando cuelgas un cuadro en la pared, pones el taco y el clavo, pero si luego quieres quitarlo a veces te llevas parte de la pared», afirma y añade que «arrancar el vástago implica una destrucción ósea y en la posterior reprótesis el cirujano tiene ciertos problemas de implantación».
