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Cinco cárteles destapados en cuatro años

Desde 2019, la CNMC ha hecho aflorar cinco tramas en las que se repartieron contratos del Corredor, la química o carreteras

| Actualizado a 21 julio 2022 13:41
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La CNMC ha acelerado en los últimos tiempos su lucha contra las prácticas que limitan la competencia. Desde 2019, han caído cinco tramas que han tenido mayor o menor presencia en Tarragona. En 2021, afloró una red en la que varias empresas se repartieron en la provincia tres proyectos del Corredor y de implantación del ancho estándar, estafando a Adif con sobrecostes.

A su vez, ese entramado desarticulado tenía su origen en una investigación que desembocó en 2019 en otra intervención por parte de Competencia. 15 empresas fueron sancionadas con 118 millones por repartirse concursos públicos para la electrificación de la red de AVE y tren convencional. Aquel organigrama también operó en Tarragona, donde se pactaron al menos 17 contratos millonarios entre 2002 y 2016 que tenían que ver con el mantenimiento de líneas de alta velocidad o del propio Corredor. Montajes, obras e intervenciones en Reus, Móra la Nova, Flix, Salomó, Pradell de la Teixeta, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla o Freginals entraron dentro de esta operativa que conseguía repartirse concursos de Adif.

Adif o la industria química, entre los afectados recientes por los entramados

También en 2019 se descubrió la existencia de acuerdos empresariales que, en este caso, en lugar de afectar a obra pública perjudicaron al importante tejido industrial de Tarragona. Al menos 32 contratos fueron amañados entre 2005 y 2017 en la provincia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puso fin a una trama que campó a sus anchas por varias fábricas de Tarragona más de una década.

Otra intervención se hizo pública en agosto del año pasado. Un cártel que pactó contratos de conservación de carreteras salpicó indirectamente y de forma menor a ocho vías tarraconenses. La quinta desarticulación en estos últimos cuatro años ha sido la referente a este G7, que ha alterado obra pública y que ha recibido la mayor sanción hasta la fecha, de 203 millones, afectando al menos a dos proyectos de magnitud en Tarragona.

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