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La Federació Mestral, así como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgnánica (Cocemfe) ha llegado al límite de su paciencia. Ambas instituciones, que agrupan a entidades representantes de colectivos de personas con discapacidad física, consideran que ha llegado el momento de echar el freno a la restricción de derechos del colectivo. Una limitación que ha encontrado en la crisis económica su fuente de inspiración. «El informe del Defensor del Pueblo de 2014 pone en evidencia que los recortes, las nuevas tasas y el copago en ámbitos como los servicios sociales y la sanidad han contribuido a acrecer la situación de desventaja del colectivo», afirman desde la entidad.
La organización exige más «celeridad» a la administración en la evaluación de las personas beneficiarias de la Llei d’Autonomia Personal i Dependència y en la concesión de las ayudas. «Se requiere una mayor inversión económica y una mejor coordinación de los servicios, así como una homogeneización de los mismos en todo el territorio, para que todas las personas sean consideradas con en el mismo grado de dependencia en todas las Comunidades Autónomas», explica la presidenta de la Federació Mestral, Emilia Altarriba.
La misma alerta que «existen 17 modelos diferentes, con una disparidad de copagos sin sentido, en un país donde todos tenemos los mismos derechos. Pedimos el apoyo del Govern para que propicie un acuerdo para que, independientemente de donde vivamos, todos tengamos el mismo tracto». Al parecer de la entidad, «el actual modelo asistencialista tendría que estar basado en la prevención de la dependencia causada por una discapacidad», es decir, preservar la salud y promocionar la autonomía personal de las personas que conservan sus capacidades físicas y cognitivas.
Atención sanitaria
En el ámbito de la salud la entidad reclama también el acceso a fármacos innovadores más eficaces que las personas con enfermedades crónicas necesitan. «El objetivo es que las personas con discapacidad física o psíquica puedan seguir el tratamiento consensuado con su especialista», explican desde la Federació Mestral y añaden que «el problema principal radica en que el coste de determinados tratamientos se suma a otros gastos, por lo que reclamamos que estos nuevos medicamentos sean más accesibles».
En lo que se refiere al acceso a determinados bienes y servicios relacionados con la discapacidad la presidenta de la entidad considera necesario aplicar el tipo impositivo superreducido porque «es necesario para que las personas con discapacidad puedan asumir ciertos gastos indispensables para ellos».
Empuje al empleo
Año tras año el vaso de la paciencia del colectivo se ha vaciado, especialmente en lo que se refiere al mundo laboral. Lima es camerunés y actualmente busca empleo. Con una discapacidad del 47% trabajó durante ocho meses como profesor de inglés en la Federació Mestral. «El mercado laboral está colapsado para el colectivo, al que además exigen demostrar estar capacitado para desempeñar un trabajo» y concluye que «para que la integración de las personas con discapacidad sea completa en la sociedad, la ciudadanía y las empresas también tienen que adaptarse».
Al respecto, la presidenta de la Federació Mestral destaca que «el trabajo para una persona con discapacidad además de ser un derecho, se convierte en una vía de acceso a un nivel de vida digno y estable, sirve de reconocimiento e identidad social», y recuerda que «el trabajo mejora la autonomía personal y social».
