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La trama de corrupción que se cierne sobre el Grup Salut (paraguas debajo del cual se agrupa la gestión de las empresas municipales del campo de la salud) y que está siendo investigada en la macrocausa Innova, ha derrumbado buena parte de la estructura sanitaria que se había construido ambiciosamente en Reus durante veinte años y que tenía que hacerse aún más evidente al concluirse la gran obra del nuevo Hospital Sant Joan, el último impulso de la ciudad para potenciar su situación de liderazgo en el ámbito de la salud del territorio.
La entrada de la Generalitat de Catalunya en la gestión del Hospital Sant Joan pone en peligro la influencia del centro en el mapa sanitario a riesgo de hacerle perder la capitalidad de la que ha gozado hasta ahora junto al Hospital Joan XXIII de Tarragona, o por el contrario, y según se vaya gestionando el centro sanitario, puede contribuir a crear una región sanitaria en el Camp de Tarragona en la que cada hospital pueda especializarse y ofrecer unos servicios de mayor calidad.
No obstante, es evidente que el Grup Salut se ha ido diluyendo desde que el Tribunal de Cuentas condenó al exdirector general de Innova, Josep Prat, a pagar 900.120 euros al Ayuntamiento de Reus por las facturas que cobraron el arquitecto Jorge Batesteza y el exdirector del CatSalut y expresidente de Shirota, Carles Manté, por tareas de asesoramiento en la construcción del nuevo Hospital, mientras que otros exdirectivos también han sido investigados.
Tortosa y Amposta
Los problemas para el Grup Salut no terminan aquí y también se ve comprometida su situación económica. Entre diciembre de 2017 y enero de este año, los centros sanitarios de Tortosa (el Hospital de la SantaCreu de Jesús y la Clínica Terres de l’Ebre) y Amposta (Hospital Comarcal y la Residència d’Avis) se desvincularon de Ginsa, entidad que gestiona el grupo Sagessa. En consecuencia, el presupuesto se vio recortado en un 23%, y la estructura laboral también quedó reducida: se despidieron cinco trabajadores y se recolocaron a 33 más, la mayoría del servicio de limpieza y mantenimiento, del total de 350 puestos de trabajo que había hasta entonces.
Los principales afectados por la extinción de contrato fueron tanto Josep Maria Benet, director de recursos generales y exdirector general de Sagessa como José Vicente Gómez, director de infraestructuras, ambos investigados en distintas de las piezas que forman la macrocausa Innova.
