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Antonio Blanco vive, desde hace ya varios años, en la nave industrial del polígono AgroReus que hasta no hace tanto acogió su negocio: una empresa de construcciones metálicas que, tras no recibir el pago por un proyecto ejecutado, entró en barrena y acabó con el embargo de su casa y con la propia nave en manos de la Sareb. Recientemente, según explica, una sociedad «compró el recinto» que habita y las partes pactaron la salida de Antonio. «Alcanzamos un acuerdo para que esa empresa me pagara una cantidad y me contratara durante 54 meses para trabajar y cotizar, y entonces yo me iba de aquí», apunta. Pero este pasado martes la historia dio un giro. «En lugar de blindar ese pacto por escrito», desde la empresa «me llamaron para decirme que me mandarían a una compañía de ‘desocupaciones’», dice.
Y así fue. Ayer hacia el mediodía, dos personas se presentaron en la puerta de la nave para invitarle a «hablar fuera» y «con amenazas veladas». Blanco defiende que no tiene por qué marcharse, ya que no ha recibido ninguna notificación de un juzgado –el sistema legal– que le obligue a ello, y que la nave es en estos momentos su hogar, que no dispone de ningún otro sitio.
De hecho, en el interior del edificio industrial tiene sus muebles y casi todo lo que se podría encontrar en una vivienda común. Recuerda que «yo construí esta nave en estos terrenos y, aunque se la quedase la Sareb y ahora la haya comprado una empresa, yo mantengo la posesión hasta que un juez diga lo contrario», aclara que «no soy ningún ocupa» y teme que la invitación de los ‘despocupas’ vaya a ir más allá de solo un simple aviso si se mantiene en no ceder. «Por eso quiero que quede constancia de todo esto», indica.
«Con la crisis del año 2007, tuve unos impagos, mi empresa entró en concurso de acreedores y ya, a partir de aquello, nos quedamos ‘pillados’ aquí; entonces la situación me engulló», recuerda Antonio, que cuenta que «me embargaron la nave, que pasó a la Sareb y ahora la ha comprado una empresa». «Había hecho un crédito vinculado a mi casa para poder afrontar el día a día de aquellos momentos, porque mi empresa era rentable y tenía muchos pedidos, pero la Seguridad Social embargó las cuentas de los clientes y desde ahí empezó una caída libre que ya me atrapó», expresa.
«No ha venido ningún juez»
Que otra empresa comprase el recinto «a mí me pareció estupendo; buscamos un acuerdo y lo cerramos pero, cuando se redactaban los documentos para llevarlo a cabo, han salido con esta espantada y me han enviado a los ‘desocupas’». «Aquí no ha venido ningún juez a decirme que yo me tengo que ir», destaca, y subraya que «la posesión, hoy en día, sigue siendo mía». «El tema se encuentra judicializado y, si queremos hacerle un ‘bypass’, la manera es esta; yo no quiero molestar», dice, y asegura que «la idea de llegar a un acuerdo salió de la parte de ellos».
«Evidentemente, estoy aquí porque no hay más. Claro que a mí me gustaría tener mi casa, ojalá no hubiera hecho la burrada de hacer aquel crédito, pero las cosas son como son», lamenta. La llegada de los ‘desocupas’ «no me deja salir de mi asombro, no la entiendo y además la veo totalmente fuera de lugar; yo lo único que quiero es cerrar el tema e irme, yo no quiero problemas con nadie, ya soy mayorcito para eso y estoy cansado; y no se me puede echar así».
Antonio está a punto de cumplir 64 años y «como toda mi vida he estado de autónomo, de esta manera conseguía cotizar algo y tener una pensión para mi jubilación». Hasta el momento «he vivido de ir vendiendo algunas cosas que tenía aquí» y «soy muy manitas, he adecuado el espacio para que sea tan confortable como he podido para poder estar en la nave».
