La declaración del interventor municipal sobre Innova se aplaza hasta el próximo lunes día 15

La declaración del interventor municipal, Baldomero Rovira, dentro del caso Innova prevista para este jueves ha quedado aplazada hasta el próximo lunes día 15 por motivos profesionales. El interventor municipal está citado a comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus como testigo dentro de la pieza número 2, que gira alrededor de la figura del arquitecto Jorge Batesteza y su participación en las obras del nuevo Hospital Sant Joan de Reus.

Según ha podido saber el Diari, la citación del interventor se produciría tras las últimas declaraciones, como imputados, del exalcalde Lluís Miquel Pérez, la exdirectora financiera de Innova, EsterVentura, y la exasesora jurídica del holding municipal, Natàlia Torrell. Yes que, de forma especial esta última, sacó a relucir el nombre del interventor en su declaración asegurando que «las funciones de controles reales en Innova» corresponderían al Interventor del Ayuntamiento, «tal y como establece la Ley de Haciendas Locales, en el art. 220». Esto, prosiguió, dejaría sin responsabilidad tanto a ella como a Ester Ventura y al exdirector general, Josep Prat, ya que «el control interno» correspondería al interventor y el «control a nivel societario correspondería al Consejo de Administración». Ester Ventura, por su parte, habría ratificado estas últimas declaraciones.

Además, también se mostró contraria al informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que eliminaba cualquier posibilidad de que Innova se rigiera por el derecho mercantil ya que el dinero era público. Según sus declaraciones, los ingresos de la sociedad eran de mercado y, por lo tanto, el caso debería dirimirse por el derecho mercantil al tratarse de una sociedad limitada.

Declarará por segunda vez

La citación del interventor municipal como testigo no es nueva. En octubre de 2013 ya declaró junto al secretario municipal, Jaume Renyer, en la pieza principal del caso Innova, centrada exclusivamente en las facturas supuestamente sin justificar de Batesteza y del expreseidente de Shirota, Carles Manté.

En aquella comparecencia dejó constancia de que las contrataciones tanto de Batesteza como de la empresa CCMEstratègies i Salut, presidida por Manté, debían de haberse realizado según la normativa de contratación pública y que los pagos se efectuaron con dinero público. De hecho, así lo concluye el informe del IGAE, basado en buena parte en los informes elaborados por el secretario e interventor en junio de 2012, que no deja ninguna duda en cuanto el dinero que manejaba el holding debe considerarse público.