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La nueva Ordenança de Mobilitat Sostenible de Reus «protege las movilidades sostenibles, porque son más vulnerables, y ajusta las que no lo son tanto y las pone en su lugar», explica al Diari la concejala de Urbanisme, Marina Berasategui. El texto, que quedó inicialmente aprobado en el pleno de noviembre, atraviesa la fase de exposición. Su elaboración, según precisa Berasategui, se ha orientado a que «la movilidad sostenible en bicicleta y las zonas de peatones sean una prioridad frente al vehículo privado». «Al final», dice, «la ordenanza marca las reglas del juego» y «aunque despliega un régimen sancionador concreto, ese no es el objetivo sino que se trata de regular y resituar las prioridades», añade la concejala.
El documento «habla de los patinetes en términos de vehículos de movilidad personal (VMP)», que se plantean como «equiparables, de alguna forma, a las motocicletas». «Son vehículos muy sostenibles a nivel de emisiones pero que, por las posibilidades de conducción que tienen, deberían asimilarse lo máximo posible a ellas», valora Berasategui, que valora que «hay que proteger a los viandantes y los patinetes requieren también un nivel de protección ante los coches». Sobre las bicis, afirma que «se les da prioridad frente a los patinetes porque son una movilidad activa, además de sostenible».
Un protocolo antiacoso y turistas
En cuanto a la circulación, en la Ordenança consta que los VMP deben ir por las calzadas, por los carriles bici y por las zonas habilitadas. Recomienda el casco y disponer de seguro de responsabilidad civil, y fija que el conductor deberá llevar los elementos reflectantes obligatorios. Subirse a las aceras está prohibido, bajo multa de 200 euros, y así lo recoge también el documento.
La Ordenança de Mobilitat refleja que el Ayuntamiento preparará un protocolo contra el acoso a bicicletas y VMP, y regula los grupos turísticos que empleen estos medios para desplazarse: no podrán exceder las 15 personas, deberán ir acompañados de un guía si son más de 6 y deben evitar obstruir. También contempla los sistemas de alquiler de bicicletas o VMP en la vía pública, así como los carriles bus-taxi. El documento señala la opción de restringir el acceso de vehículos por razones medioambientales mediante zonas de bajas emisiones (ZBE), y la posibilidad de limitar la velocidad por lo mismo.
Berasategui explica que lo que se ha hecho es «una actualziación de la normativa local de movilidad», teniendo en cuenta que la actual Ordenança de Circulació data de 1992 y que «vimos que había esta necesidad». La Ordenança de Mobilitat Sostenible «tiene diferentes capítulos que marcan, incluso a través de su orden, las prioridades». Y «no puede entenderse sin la revisión del Pla de Mobilitat Urbana y la transformación real que estamos haciendo con el despliegue de la red ciclable o la implantación de un sistema de bici compartida».
