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La sección territorial de Jutges per la Democràcia en Catalunya ha mostrado su «más enérgico rechazo» a las declaraciones del conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, hacia el juez Diego Álvarez de Juan, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus e instructor del caso Innova.
Homs aseguró el pasado miércoles que la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus, Teresa Gomis, había estado tres días detenida mientras que el juez que lleva el caso se tomaba un café tranquilamente en la plaza, un hecho que la ciudadanía no podía entender. Según los jueces, Homs también calificó la detención de desproporcionada. El colectivo ha exigido al conseller que ejerza la crítica con «respeto» a la función jurisdiccional y, «sobre todo, con veracidad y rigor».
Jutges per la Democràcia lamenta que Homs «confunde» a la ciudadanía «haciendo ver» que la detención respondió a la decisión de un juez, cuando «en realidad fue el efecto de una actuación policial». También recuerdan que la detención de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus no superó el límite legal, de 72 horas.
También han asegurado que en sus declaraciones, el conseller no decía si el juez de instrucción no intervino durante el tiempo de detención policial fue porque «ni la persona detenida ni su abogado presentaron solicitud de habeas corpus», como podían haber hecho si consideraban que la detención era ilegal o desproporcionada.
Finalmente, Jutges per la Democràcia sentencia que «estamos seguros de que el conseller puede hacer bien hecho su trabajo, con puntualidad, sin que se lo impida el hecho de tomar café. ¿Por qué no puede hacer lo mismo un juez de instrucción?».
Las críticas a la actuación policial y judicial de la semana pasada en Reus, en el marco del macrooperativo del caso Innova, no sólo han llegado desde el Govern de la Generalitat (además del conseller Homs, el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, también fue crítico).
El decano del Col·legi d’Advocats de Reus, Pere Lluís Huguet, fue el primero en expresar públicamente su preocupación por «la sobreexposición de los detenidos y que en otras ocasiones también se ha producido con los imputados en el caso Innova». Huguet también aseguró que el operativo «se podía haber hecho de una manera más discreta».
Estas críticas también fueron compartidas por diferentes miembros de la sociedad civil, cultural y vecinal de la capital del Baix Camp, que calificaron los hechos como «espectáculo mediático» y reclamaron a la Justicia que «cumpla con el principio de discreción que debe acompañar cualquier mandato judicial».
