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Los traumatólogos, expertos en ortopedia y los sindicatos critican que el juez que instruye la macrocausa Innova haya tardado dos años y medio en esclarecer la implicación de una cuarentena de facultativos en la pieza número 15, conocida como caso Traiber. Todos ellos ponen de manifiesto que se ha vulnerado su dignidad profesional y que se ha atentado contra su profesionalidad.
El presidente de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, perteneciente a la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, el doctor Pere Torner, asegura que durante todo este tiempo «se ha puesto en duda la credibilidad profesional de los médicos» y que «este tipo de procesos deberían analizarse con más celeridad y no tardar dos años y medio a desimputar a personas inocentes».
Torner dice que «todo el colectivo de traumatólogos de Catalunya ha quedado bajo sospecha». Y es que, argumenta, el número de médicos investigados era muy relevante. «Para encontrarle un aspecto positivo, la investigación ha permitido concluir que no ha habido ninguna irregularidad por parte de los traumatólogos».
«Los médicos fueron investigados simplemente por aparecer en una lista de posibles visitas de un agente comercial de Traiber»Especialmente «sorprendente», según el doctor Torner, fue la imputación del Miquel Vilardell, quien fue presidente del Col·legi de Metges de Barcelona entre el 2010 y el 2014. «Él es internista. Poco tiene que ver con el mundo de la traumatología y las prótesis». Su imputación «demuestra que los médicos fueron investigados simplemente por aparecer en una lista de posibles visitas de un agente comercial de Traiber».
Torner es muy crítico en este aspecto: «muchas de las visitas ni siquiera se produjeron. No sólo no se implantaron prótesis de esta marca si no que ni siquiera les visitó el agente comercial».
Indignación entre los médicos
El Diari ha contactado con otros especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología que consideran que «aunque se ha demostrado que muchos médicos no tenían nada que ver, se han visto gravemente afectados». Dicen los especialistas consultados que «se ha publicado su nombre sin respetar la presunción de inocencia».
«lamentamos el daño personal que haya podido ocasionar la difusión de los nombres de una cuarentena de profesionales sin haber aclarado antes su presunta participación en los hechos de los que se les imputaba desde el año 2015»En esta misma línea, opinan que «antes de hacerse públicos este tipo de detalles debería averiguarse la relación real entre los profesionales y los hechos investigados». Y es que, según manifiestan los profesionales consultados, «en la causa se juzga a una empresa por unas presuntas actuaciones irregulares o ilícitas, y puede haber gente que haya tenido relación con la compañía, pero esto no significa necesariamente que hayan participado o colaborado en las actuaciones que se investigan».
En la misma línea se manifiestan desde el sindicato Metges de Catalunya. Fuentes consultadas por esta redacción expresan «la satisfacción que la mayoría de facultativos investigados hayan quedado desimputados» pero lamentan «el daño personal que haya podido ocasionar la difusión de los nombres de una cuarentena de profesionales sin haber aclarado antes su presunta participación en los hechos de los que se les imputaba desde el año 2015».
Falta de recursos judiciales
Los traumatólogos consideran que la instrucción de un caso de la magnitud de Innova, con un ingente número de profesionales en entredicho, no puede tardar dos años y medio y todavía sin haberse resuelto el caso definitivamente. Cabe recordar que la pieza número 15 de la macrocausa mantiene la imputación para una decena de cirujanos, la mayoría vinculados con los hospitales de Reus y Tarragona.
El magistrado que instruye el caso Innova, Diego Álvarez de Juan, justificaba la lentitud de la investigación por la saturación que atraviesan los juzgados de Reus. «Hasta febrero de 2017 este instructor contó con un refuerzo, pero desde la fecha mencionada, y ante la escasez recalcitrante de recursos por parte de la Administración de Justicia, no se ha podido contar con refuerzo alguno». En el auto conocido el martes, el magistrado también desvela que el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad «cuenta con una tasa de pendencia de unos 900 asuntos (dato similar al del resto de Juzgados de Instrucción de Reus).
Además, puntualiza que junto con la investigación que lleva a cabo referente al macro proceso Innova también tiene 545 diligencias previas en trámite, 267 procedimientos abreviados en trámite y 89 juicios de delito leve en trámite (datos del CGPJ a 31 de diciembre de 2017). «Tales datos hacen muy difícil compaginar la instrucción de la referida macro causa con la llevanza ordinaria del juzgado».
Sin confianza médico-paciente
Desde la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia entienden que el juez pida refuerzos, pero señalan que en este caso «se ha roto la confianza entre el médico y el paciente». El presidente, el doctor Torner, dice que «la relación entre el médico y el paciente se basa siempre en la confianza. Cuando se pone en entredicho la profesionalidad del médico se rompe la confianza. Sería deseable que el caso se pudiera resolver en poco tiempo. Sobretodo en aquellos casos en los que no se ha producido ninguna entrevista con la empresa o no se ha utilizado ninguna prótesis de Traiber».
«Traiber cumplía con toda la legislación»Torner no quiere «valorar el trabajo del juez. Él está obligado a investigar el caso. Pero creo que es importante garantizar la presunción de inocencia. Más aún, si dos años después, se demuestra que no ha habido ninguna irregularidad en el caso». Insiste que «el resto de facultativos afectados y que aún continúan imputados, merecen la presunción de inocencia». Pero pide que el caso «se resuelva lo antes posible».
El sistema funciona
Dice Torner que «las prótesis en traumatología, pero también cualquier otro implante en un paciente, como por ejemplo una válvula cardíaca, está sometido a un estricto control de calidad». De hecho, asegura que «quiero transmitir tranquilidad entre la población porqué no existe en el mercado ninguna posibilidad que entre un implante que no cumpla los requisitos legales que vienen marcados por la Unión Europea».
De hecho, dice Torner que «la vigilancia sanitaria es muy estricta» y que «Traiber cumplía con toda la legislación». El juez investiga «si hubo alguna irregularidad en las etiquetas de las prótesis o algún producto en concreto. Pero no hay posibilidad que entre ningún producto de baja calidad en el sistema».
Desde el 2005, en Catalunya existe un registro nacional de prótesis. Un sistema que controla a más de 120.000 pacientes que llevan algún implante. Según la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, si algún paciente tiene que ser reintervenido, aunque se opere en un centre distinto al de la intervención original, se detecta y permite continuar el seguimiento.
